Concejo Distrital, una institución en decadencia

Columnas de Opinión
Tamaño Letra
  • Smaller Small Medium Big Bigger

Escrito por:

Veruzka Aarón Torregrosa

Veruzka Aarón Torregrosa

Columna: Opinión

e-mail: veruzkaaaron.t@gmail.com

Twitter: @veruzkaaaron


El pasado 20 de octubre fue citado al Concejo Distrital, el Secretario de Infraestructura de Santa Marta, Jonathan Nieto. Esto, a fin de rendir cuentas acerca del estado de las obras que se adelantan en la ciudad, especialmente, aquellas inconclusas que vienen de periodos anteriores. La proposición fue hecha por el concejal Juan Carlos Palacio, apoyado por 10 de sus compañeros del Cabildo. Pese a la importancia de la información que debía proporcionar el servidor público, éste sin ninguna excusa, optó por evadir la citación, pero más que eso, desconocer a la autoridad de control político distrital.

En otra ciudad, la actitud del secretario tendría graves consecuencias disciplinarias, una de estas, la moción de censura que el Concejal Palacio, anunció con emprender después del plantón. Sin embargo, tanto Palacio, como sus compañeros de cabildo y ciudadanía en general, saben que no habrá consecuencias políticas ni disciplinarias para la afrenta del Secretario de Infraestructura. Lo que si confirma esta situación, es que, conductas desobligantes como la del Secretario, son síntomas de la etapa de decadencia que sufre el Concejo Distrital como institución, asimismo, la pérdida del respeto y consideración hacia la ciudadanía por parte de ciertos servidores públicos.

La división de poderes es una antigua idea de la teoría política, en ese contexto surgieron los concejos municipales. Estas corporaciones elegidas por voto popular, se espera sean integradas por ciudadanos dispuestos a cuidar por la administración trasparente de los recursos públicos. Esto implica, exigir que se proyecten y ejecuten obras públicas necesarias, asimismo, ejercer el control político y administrativo del gobierno local.

Contrario a lo anterior, los samarios enfrentan una coyuntura política que evidencia la desconexión entre sus intereses como sociedad y los de quienes les representan. El control político ha quedado al servicio del poder ejecutivo local, ocasionando la degradación de la institucionalidad y el detrimento a los procesos de desarrollo territorial. Lo peor de esta situación, es que a partir de la simbiosis forjada entre el poder ejecutivo y el control político, sus representantes, han logrado manipular el justificado descontento social para favorecerse electoralmente. Mientras, la ciudadanía sigue inconsciente de la responsabilidad que, dichos representantes tienen frente a la agudización de sus vulnerabilidades y la precariedad de sus condiciones de vida.

Ante la intermitente conciencia política de algunos de sus miembros, es oportuno cuestionar al Honorable Concejo Distrital, sobre la responsabilidad que institucionalmente le cabe frente a la debacle socioeconómica de la ciudad. Esto, en virtud de que la mayoría de sus miembros durante los últimos periodos, han hecho parte de ventajosas –no para la ciudad- alianzas mayoritarias para respaldar a los gobiernos de turno.

Mientras los gobiernos distritales aprovechaban la complacencia de las mayorías del Concejo, algunos líderes y miembros de comunidades, valerosamente los enfrentaban con sus denuncias, respecto a los sobrecostos de las maltrechas obras de los puestos de salud, de la construcción de la megabiblioteca, del estadio Sierra Nevada, del Parque del Agua, de las intervenciones de la calle 22, de la avenida del Ferrocarril y de la crisis del agua, entre otras.

Parte del Cabildo, hoy pide cuentas al Secretario de Infraestructura por las obras –apenas justo-. Sin embargo, cuántos de sus miembros, ayer votaban a favor de elegir al actual Contralor Distrital, cuestionado por sus aparentes íntimos nexos con el movimiento político que, respaldó la candidatura de la alcaldesa. Dicha elección, ha profundizado la debilidad del ejercicio de control al ejecutivo, pero esta vez desde el aspecto fiscal.

No cabe duda, la democracia en Santa Marta, ha sido secuestrada. Sus instituciones han sido coaptadas por una coalición de fuerzas, cuyo fin superior es el interés individual. Esta condición, solo puede superarse mediante una participación activa de la sociedad en los procesos electorales. Asimismo, se requiere una sociedad mejor informada, respecto a lo cual, los medios de prensa locales deben cuestionar su histórico desempeño como generadores de opinión.