El pasado 21 de septiembre el Concejo Distrital aprobó el POT “Santa Marta, 500 años”, pese a los cuestionamientos que diversos sectores socioeconómicos de la ciudad expusieron sobre este. Lo que parecía ser la crónica de un POT aprobado sin mayores sorpresas, dio un giro inesperado para todos: la mayoría del Concejo, realizó cambios imprevistos de último momento. Al menos, eso dejó entrever en sus cuestionamientos durante la instalación del Tercer Periodo de Sesiones Ordinarias del cabildo, el concejal Efraín Vargas -ponente del proyecto de Acuerdo del POT-.
Uno de los aspectos enfatizados por el indignado concejal, fue el tratamiento que en dicho POT, se dispuso para el sector de Pozos Colorados, lo cual, denominó como un “atracó”. En su argumento, Vargas, defendió la propuesta presentada por el Gobierno Distrital para dicho sector, la cual, según él, buscaba “implementar una serie de equipamientos públicos para que ese bien no fuera codiciado, para que ese bien se quedara en el Distrito y pudiéramos crear infraestructura institucional, [...] y no para que unos pocos se beneficien a través de la construcción de edificios que no generan ningún valor, como si lo generaba el equipamiento para el Distrito [...].
Escuchar este “análisis” de parte del concejal de una ciudad con vocación turística como Santa Marta, no puede más que producir angustia y desconcierto. Desconoce el concejal, el impacto que tiene el sector de la construcción en una economía que, como la nuestra, se encuentra en crisis.
Un concejal informado debería saber, que, en 2019, dicho sector aportó el 7% de los empleos del país, y es por tanto, una de las apuestas estratégicas para reactivar la economía nacional. MinVivienda, Jonathan Malagón, manifestó que, con la reactivación de la construcción, se proyecta ocupar al 2022 a más de 1,3 millones de personas, tanto en el sector de edificaciones como en el de actividades inmobiliarias. “Es clave esta dinámica, ya que cuando se construye una vivienda se garantizan 4,8 empleos entre directos e indirectos; además, un metro cuadrado de vivienda nueva formal mueve 54% del aparato productivo del país, lo que a los hogares les permite consolidar el patrimonio” (https://id.presidencia.gov.co/).
Al ser Pozos Colorados, “la porción de tierra más costosa que tiene Santa Marta” –como expresó el concejal-, su desarrollo urbanístico, además de generar empleo, producirá un aumento en la renta de ingresos fiscales, que oportunamente servirán para financiar soluciones de problemáticas, como la crisis del agua, construcción de vías, alcantarillado pluvial, desarrollo de programas de vivienda prioritaria, entre otras.
En ese orden, Vargas tampoco advierte que, el sector de Pozos Colorados es una de las mayores ventajas comparativas de la ciudad como destino de inversión turística. Al determinar su uso como de equipamiento, la ciudad perdería dicha ventaja, asimismo, la oportunidad de desarrollo y posicionamiento como destino turístico competitivo nacional e internacionalmente.
Ahora bien, tendrá claro el concejal Vargas que, según el Decreto 151/1998, la aplicación de un tratamiento que limite los derechos de construcción y desarrollo de un propietario –como lo que propone el Distrito-, debe ser compensada de forma equivalente a la magnitud en que se ha limitado el desarrollo en la zona en particular. ¿Será que, si el Distrito pierde el litigio de esta zona, dispone de los recursos para compensar dichas limitaciones?
El concejal Vargas debe considerar el riesgo de este tipo de medidas. Le invito a estudiar el impacto de similares decisiones urbanísticas, implementadas durante el gobierno de Petro en Bogotá. Mientras la construcción de vivienda nueva creció nacionalmente en 44%, en Bogotá, el índice fue de (-75%), MinVivienda-año/2015.
Esta vez a la Administración Distrital y al concejal Vargas, parece que el tiro les salió por la culata. Sin embargo, esto no es consuelo para una ciudad que como nunca, necesita una gestión estratégica y eficaz. Triste reconocer nuestra decadente representación y la deficiente defensa de gremios y ciudadanía por los intereses colectivos.