Santa Marta, el desastre de la gestión del riesgo

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Escrito por:

Veruzka Aarón Torregrosa

Veruzka Aarón Torregrosa

Columna: Opinión

e-mail: veruzkaaaron.t@gmail.com

Twitter: @veruzkaaaron


El trágico derrumbe que tuvo lugar en el Cerro Ancón -barrio San Martín-, el pasado domingo en esta ciudad, ha sido considerado por miembros de dicha comunidad como “una tragedia anunciada”. Algunos de sus líderes, aseguran haber advertido a la autoridad de Gestión del Riesgo Distrital –gobierno pasado y actual-, sobre las fallas que el terreno presentaba, y que al parecer, fueron agudizadas por el volumen de aguas lluvias que ha caído recientemente. El derrumbe, ocasionó la muerte de una persona, dejó herida a otra, y al menos 40 viviendas quedaron afectadas.

A pesar del saldo trágico, algunos participantes del comité de Gestión del Riesgo, sostuvieron que, “con su oportuna intervención evitaron que se registrara una tragedia de mayores proporciones, gracias a la evacuación inmediata que se ordenó en la zona del desastre”.

Ésta emergencia no ha sido un evento aislado, pues, el pasado mes de julio en el cerro de la Virgen del Rosario-Gaira, se produjo un deslizamiento que dejó como resultado dos personas fallecidas. Asimismo, en sept/2019, la muralla que rodea el mismo cerro, presentó otro derrumbe, que pese a las advertencias, no se obtuvo respuesta oportuna por parte de la autoridad, como lo manifestó Ingrid Romo, propietaria de la vivienda afectada.

Estas emergencias han afectado especialmente a poblaciones de sectores vulnerables. Sin embargo, lo más lamentable, es que estas habrían podido evitarse mediante una efectiva gestión para la reducción del riesgo, y no esperar desenlaces fatales, cuando las “reacciones”, difícilmente pueden considerarse “oportunas”.

De acuerdo con la Ley 1524 de 2012, “Por la cual se adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres [...]”, la reducción del riesgo la componen la intervención correctiva del riesgo existente, la intervención prospectiva de nuevo riesgo y la protección financiera. En este orden, y ante los cada vez más frecuentes eventos de desastres en la ciudad, preocupa que contrario a lo que dispone la Ley, la política de gestión del riesgo distrital, haya sido disminuida al asistencialismo de emergencias a expensas de las acciones de prevención, mitigación y/o modificación de riesgos sobradamente identificados y diagnosticados en el territorio. En cambio, puede sustraerse un soterrado interés del gobierno distrital, en tratar de evadir sus obligaciones y responsabilidades, al introducir en la narrativa de sus respuestas, el argumento de que la ciudadanía es responsable de las emergencias, dadas las intervenciones irregulares e ilegales que desarrollan.

Este argumento es relativamente válido, pues, la gestión del riesgo es una tarea compartida. Si bien es cierto que, la cultura de la ilegalidad y la informalidad, han contribuido al aumento de la ocupación irregular del territorio, también lo es, que estas conductas han sido estimuladas por otros factores. Por un lado, la incapacidad histórica de los gobiernos de turno de dar respuesta a las necesidades de vivienda de las comunidades; y por otro, el deficiente control urbano, que ha facilitado la presencia de carteles de invasores que se escudan en poblaciones vulnerables, para apropiarse ilegalmente de predios privados y espacios públicos con fines lucrativos. Es aquí, donde le cabe total responsabilidad a los gobiernos de al menos los últimos 20 años, quienes han sido negligentes frente a la gestión de programas para soluciones de vivienda de interés social, y propiciado por acción u omisión, el detrimento del ejercicio de autoridad y control urbano en la ciudad.

La gestión del riesgo en Santa Marta, es un desastre que amenaza con convertirla en una ciudad insostenible e inviable social, urbanística y ambientalmente. Es tiempo de exigir acciones gubernamentales para superar el patrón de crecimiento periférico y precario, que se nos ha impuesto durante los últimos años por el débil ejercicio de autoridad. A falta de un liderazgo político-administrativo y el bajo sentido de pertenencia ciudadano, el territorio a través de trágicos eventos, seguirá reclamándonos su necesidad de ser gestionado de forma equilibrada.


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