Durante la semana en curso, salió a luz pública la información de que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se niega a desembolsar los recursos que como cofinanciador, comprometió para la ejecución de obras del Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) de la ciudad. La decisión del BID, se fundamenta en el incumplimiento por parte de la Alcaldía Distrital de recuperar el espacio público de la avenida Campo Serrano, uno de los tramos a intervenir en marco del citado proyecto.
Esta situación preocupa, dado el impacto que puede generar dicha decisión en el avance de las obras, las cuales, según advirtió el pasado mes de febrero el concejal Juan Carlos Palacio, ya sufren retrasos: “Con menos tiempo Armenia lleva el 63% en ejecución, Popayán lleva el 72%, Pasto lleva el 59%, Montería lleva el 95% y Santa Marta lleva el 39% en ejecución”. Al respecto el director del SETP, Diego López, llegó a manifestar: “Nosotros tenemos como función principal la intervención de la carrera quinta en lo que tiene que ver con la carpeta vial y el espacio público y una intervención en redes húmedas. Lastimosamente no podemos utilizar los recursos del convenio para hacer la indemnización a los vendedores ambulantes, el Distrito tendrá que hacer los esfuerzos propios con otras fuentes”
La exigencia de recuperación de este sector por parte del BID, no es nueva ni ha sido exclusiva para el SETP, pues, también fue uno de los compromisos establecidos para ejecutar la segunda fase del Plan Centro. Fase, que ha sido ignorada por los últimos gobiernos, pese a que esta fue definida como una apuesta estratégica para posicionar a Santa Marta en los mercados turísticos nacional e internacional.
Se tuvo conocimiento, que durante el año 2011, el gobierno de Juan Pablo Díaz Granados, suscribió un convenio con Naciones Unidas, cuyo producto fue la caracterización de vendedores ambulantes ubicados sobre la rutas de transporte de la ciudad, entre estas, la Campo Serrano. En el marco de dicho convenio, también se avanzó en el estudio de alternativas para la relocalización de vendedores. Estos resultados no fueron considerados por el gobierno que sucedió.
Los hechos hablan por sí mismos. La Av. Campo Serrano, sufre hoy un acelerado deterioro físico que, además de desmejorar la seguridad y movilidad del sector, ha afectado su valor patrimonial. Esto, como resultado de una política pública populista que, por años ha sacado provecho de la población vulnerable. La situación, se ha agravado por el fortalecimiento de mafias que se dedican a traficar con el espacio público a través de la obtención de permisos y cupos, con los cuales negocian el “derecho” a apropiarse de estos bienes colectivos.
La Av. Campo Serrano, es una crónica de la fallida política de gestión y control urbano en la ciudad, ante la cual, la informalidad se ha impuesto. El fenómeno, se ha convertido en un barril sin fondo, al que se destinan importantes recursos para iniciativas aisladas, cuyos impactos no llegan a ser siquiera marginales frente a la dimensión de la problemática.
En general, esta situación plantea algunas inquietudes frente a las decisiones del Distrito. Si se conocía la responsabilidad financiera frente a la relocalización e indemnización de vendedores de la Campo Serrano ¿por qué el Distrito no aceptó la propuesta de la Sociedad Portuaria de Santa Marta de construir el malecón de la Bahía? Así, en lugar de invertir recursos propios para la ejecución de dicha obra, estos habrían servido para cubrir el proceso de recuperación de la Campo Serrano.
¿Cuáles fueron los criterios técnicos que justificaron la decisión de no acoger las propuestas de relocalización, presentadas por anteriores administraciones para la recuperación de la Campo Serrano?
¿Dónde estaban los entes de control, gremios, líderes cívicos, medios de prensa, organizaciones civiles, mientras se tomaban estas decisiones que tanto detrimento han causado a la ciudad?