Durante el fin de semana pasado, Santa Marta se vio golpeada por fuertes y prolongadas lluvias que, dejaron como resultado un saldo trágico de 2 personas muertas y varios barrios inundados con cuantiosas pérdidas materiales. Los hogares más afectados, en su mayoría están localizados en las zonas socioeconómicas más vulnerables de la ciudad.
Estas inundaciones han sido una constante en la ciudad por no contar con un adecuado sistema de manejo, control y conducción de aguas de lluvia, pese a la cantidad de estudios financiados para el diseño y construcción de dicha solución. Ejemplo de ello, tenemos el contrato celebrado por el Distrito para la “Reposición de Redes de Acueducto y Alcantarillado Sanitario y Construcción del Sistema de Alcantarillado Pluvial en el Distrito Turístico, Cultura e Histórico de Santa Marta, Magdalena, Caribe”. Contrato adjudicado al Sistema Estratégico de Transporte Público de Santa Marta por valor de $4.818 millones, con cargo a recursos de regalías. Pese a tener actos administrativos de cierre de 2017, en abril de 2019, la Contraloría General de la República inició sobre este proyecto una Actuación Especial, al establecer “presuntas irregularidades en materia de avance físico, contratación e interventoría, así como deficiencias en la documentación e incumplimientos en la entrega de informes”. Cabe preguntar al respecto, ¿A qué se refería este contrato, si las grandes inundaciones persisten? ¿En dónde están esas obras qué en nada han contribuido al propósito que describe el objeto contractual?
La emergencia por inundaciones se suma a la crisis que hasta hace poco provocó el periodo de sequía al que cíclicamente está expuesta la ciudad, producto de las deficientes condiciones de su sistema de acueducto. Los efectos de esto, se extienden hasta la actual crisis sanitaria, pues, tanto la sequía como las inundaciones dificultan mantener los hábitos de higiene necesarios para combatir el Covid-19. No obstante los costos sociales y productivos que esto implica, debido a la ineficacia de los gobernantes locales, seguimos sin una ruta clara para la solución definitiva de estas problemáticas.
Además de la ineficiencia, la ausencia de liderazgo político-administrativo local nos pasa factura. Esto explica, por qué después de casi 4 meses de pandemia, la gestión para atender la emergencia sanitaria ha resultado incipiente. La ciudad enfrenta a un virus letal con un decadente sistema de salud pública que, si antes resultaba precario, hoy proyecta un desesperanzador drama por la vida.
El pasado 09 de julio, la Alcaldía Distrital mediante Resolución N°0053, declaró la alerta hospitalaria, pues, las 113 camas UCIS’s disponibles se encuentran en el límite de ocupación. Mientras tanto, el número de casos asciende, como lo demuestra el reporte del 16/julio, con un acumulado de 1782 casos, 621 recuperados y 78 fallecidos. Consecuente con esta tendencia, a corte del 20/ junio, la ciudad tenía la tasa de mortalidad más alta del Caribe (5.12%). Es decir, no hay cama pa’ tanta gente.
Contrario a lo esperado, en lugar de adquirir camas y respiradores para UCI’s, la limitada inversión de la ciudad, ha sido dirigida a obras que no son prioritarias, como la construcción de la cancha de futbol en Gaira por valor de $5.000 millones. Mientras, los puestos de salud de María Eugenia, La Paz y Taganga -recientemente puestos al servicio tras cuantiosas inversiones-, se caen a pedazos con el primer aguacero.
En este apocalíptico escenario, es claro que quienes han servido como “jinetes”, han sido los gobernantes locales, pues, con sus defectuosas decisiones han agudizado la pobreza, desigualdad y muerte en la ciudad. Al respecto, no hay distingo entre los de “antes”, los de “ahora” y los de “siempre”.
De seguir como espectadores, lo quedará por presenciar será el rezago social y competitivo de nuestro territorio. En momentos de crisis, cuando el liderazgo político falla, la sociedad, debe empoderarse, exigir e intervenir en procura del re-direccionamiento oportuno de la gestión pública.