Desarrollo prioritario, una deuda con la función social de la tierra en Santa Marta

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Escrito por:

Veruzka Aarón Torregrosa

Veruzka Aarón Torregrosa

Columna: Opinión

e-mail: veruzkaaaron.t@gmail.com

Twitter: @veruzkaaaron


A propósito del estudio que se realiza sobre el proyecto de Acuerdo del Plan de Ordenamiento Territorial por parte del Concejo Distrital de la ciudad, es oportuno destacar la necesidad de que, tanto los cabildantes, planificadores y ciudadanía en general, pongan atención de lo propuesto en este documento frente a los mecanismos de gestión financiera del suelo para proyectos estratégicos, pues este es un aspecto determinante no solo para el ordenamiento, sino para la satisfacción de demandas de servicios urbanos de las comunidades y la sostenibilidad del territorio.

Uno de estos mecanismos es el de Declaratoria de Desarrollo y Construcción Prioritaria, establecido en el artículo 52° de la Ley 388 de 1997. En concordancia con este, a través del POT Jate Matuna 2000-2009, se identificaron una serie de predios vacantes que resultaban estratégicos para el desarrollo de la ciudad, los cuales fueron definidos y descritos en su artículo 77° como: Zonas de Desarrollo Prioritario. Localización. A) Sector Pradito. Se considera por el Plan como área de desarrollo prioritario, por lo cual todos los predios individualmente o por reajuste de tierras deben contemplar su desarrollo [...] B) Sector Bureche. [...] Su tendencia de desarrollo, los usos propuestos y la vialidad establecida en el presente acuerdo la constituyen en área de valor estratégico para el desarrollo urbano. C) Zona Franca Turística. Área estratégica importante para la implementación de la recuperación del sector turístico, debe mediante asociación mixta, el Distrito liderar y definir su programa de inversiones como desarrollo prioritario y D) Zona de Salguero. Área estratégica con salida sobre la Troncal y sobre la Avenida Tamacá.

A pesar de lo dispuesto, gran parte de estos predios -en su mayoría, dotados de infraestructura de servicios públicos o destinados como áreas urbanizables-, se mantienen sin construir. Cabe preguntar aquí, ¿por qué las autoridades de turno no gestionaron para estas áreas, la aplicación de lo dispuesto en el POT Jate Matuna? Esto, a pesar de tener claro, que los únicos beneficiados en este caso, serían los propietarios, quienes con el menor esfuerzo, aguardan por el mayor precio de sus lotes en el mercado.

Mientras esto sucede, Santa Marta soporta en la actualidad un déficit habitacional de 48,11% (Dane), del cual, el 40,75% es de carácter cualitativo y el 7,37% cuantitativo (datos suministrados por Camacol). Aunque, esta problemática debe subsanarse con la producción de proyectos VIS y VIP, de no corregir las condiciones existentes, estas soluciones podrían condenar a la ciudad a un desarrollo disperso.

Lo anterior, ha llevado entre otros aspectos, a que la dinámica de desarrollo urbano en la ciudad haya resultado no solo ineficiente desde el punto de vista de gestión financiera del suelo, sino desde la gestión social y económica, del mismo, pues por un lado, se ha restringido el ejercicio de la función social de la propiedad –en donde prima el interés general-, y por otro, se han desaprovechado las ventajas de la economía de escala que derivan de los desarrollos urbanos organizados y compactos en lo que respecta a la construcción, operación y administración de servicios públicos.

La débil y deficiente actuación de la institucionalidad, han sido las causas principales de las muchas deudas que deja la implementación del POT Jate Matuna en la ciudad. Esta experiencia demuestra que, no es suficiente con disponer de mecanismos normativos. Se requiere por parte de las autoridades competentes, voluntad y compromiso con la ciudad para implementarlos llegado el caso. El interés general debe ser superior.

Como ciudadanía, es necesario que dejemos de ser simples espectadores o dolientes pasivos. Los procesos de revisión, adopción e implementación del nuevo POT, constituyen espacios donde la participación y el pronunciamiento público de profesionales, organizaciones gremiales, líderes cívicos, políticos, academia y medios de comunicación, serán fundamentales para el desarrollo territorial.


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