Un réquiem por la ley 100

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Escrito por:

Hernando Pacific Gnecco

Hernando Pacific Gnecco

Columna: Coloquios y Apostillas

e-mail: hernando_pacific@hotmail.com



El gobierno Gaviria, siguiendo los postulados neoliberales de la escuela económica de Chicago, privatizó el derecho fundamental a la salud. En aquel entonces, el mundo admiraba el “milagro económico” chileno, dado por el ingente apoyo económico estadounidense después del brutal derrocamiento a Salvador Allende. Siguiendo ese modelo, Gaviria sustituye los avances en materia de seguridad social desarrollados en los años 40 por López Pumarejo y Ospina Pérez, continuados por gobiernos posteriores.

En 1945 se creó el primer régimen pensional, la Caja Nacional de Previsión y las cajas locales, para atender a los empleados públicos. Se hicieron obligatorias las pensiones para el sector privado, y le corresponde asumirlas al Instituto Colombiano de los Seguros Sociales (ICSS). El anterior sistema ofrecía cobertura en salud, obligaba al ahorro para cesantías, adquisición de vivienda y exigía aportes a pensiones. Los trabajadores estatales eran atendidos por las cajas de previsión, los privados por el ICSS, en los años 70 se crea el seguro social campesino, el seguro médico familiar, el fondo nacional hospitalario, además de la sustitución de pensión y el estatuto del pensionado. Quienes estaban por fuera del sistema eran atendidos en los hospitales públicos por cuenta del Estado.

Recordemos que aspectos sustantivos de cualquier política son el censo nacional, la pirámide poblacional, las proyecciones de crecimiento, el perfil epidemiológico, las características del empleo y otros factores críticos. La planeación estatal en seguridad social se basa en esos y otros datos. Anteriormente la formalidad del empleo era superior a la actual, la distribución del ingreso más equitativa, la exclusión social menor y la violencia menos agobiante. También, la economía funcionaba distinto. No nos había llegado la tercera ola ni la globalización con sus profundos efectos.

Con el paso del tiempo, los factores que soportaban el sistema anterior cambiaron sustancialmente, presentándose graves problemas de sostenibilidad. Los gobiernos contribuyeron al problema; no pagaron sus aportes obligatorios, la politización institucional trajo el cáncer de la corrupción y el deterioro del sistema se hizo incontenible. En 1988, la Misión Chennery determina que el entonces ISS (Instituto de Seguridad Social) ya no era funcionante, tenía baja cobertura, protección irregular y serios problemas financieros. Además, había cambios significativos en la pirámide poblacional, el desempleo campeaba y los ingresos del sector informal escaseaban. Agonizaba irremediablemente.
Un proyecto de ley presentado por el gobierno Gaviria trataba inicialmente de pensiones y cesantías. En su paso por el congreso le fue adicionado el componente salud y, como ley 100, pasó a ser un sistema general de seguridad social, incluyendo riesgos profesionales. Ahora, cada persona aporta al sistema lo que le corresponde. Los trabajadores formales aportan una parte y el empleador otra; los independientes la totalidad del pago. Inclusive, el desempleado no incluido en el Sisbén también debe aportar. Quienes no están dentro del sistema también están protegidos. La cobertura es un aspecto positivo destacable.

Pero los detractores del actúa sistema afirman, con sobrada razón, que hay detrás un lucro inhumano basado en el aseguramiento a ultranza apoyado en barreras de acceso al servicio y desvío de pacientes con enfermedades catastróficas hacia la atención estatal o, simplemente, negándoles la atención. Ahora cada institución debe ser rentable y autosostenible, desapareciendo así el derecho fundamental y el negocio toma su lugar. Este sistema tiene vicios incurables. La intermediación genera sobrecostos en el valor total de aportes y servicios, el empleo de los trabajadores de la salud se precarizó inaceptablemente, el abominable represamiento de los pagos más los numerosísimos descuentos agobian a las IPS y sus trabajadores, la corrupción actual -con mayores y más voraces actores- sobrepasó cualquier previsión y el sistema se hizo inviable. Hay mucho más por tratar, claramente.
Este sistema llegó a su final, como lo demostró la actual pandemia. Es deshumanizado, alcabalero y cicatero. Ahora corresponde plantear soluciones en búsqueda de un sistema más equilibrado y justo, ojalá protegido de los innumerables carteles cancerosos que arrasan con todo.


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