Esta semana, los samarios recibieron con asombro y descontento la noticia del aumento de $200 en la tarifa del transporte urbano.
El primero de ellos es que, el alza se dio en un corto periodo. En abril de 2019, la Alcaldía autorizó el ajuste del pasaje de $1600 a $1800, que sumado al reciente incremento corresponde a un 25% del aumento de la tarifa en apenas 9 meses. El segundo aspecto, es la falta socialización de la medida ante la comunidad, pese a que el gasto de transporte es uno de lo más sensibles para el bolsillo de los hogares promedio en la ciudad. Tercero, la insatisfacción de los usuarios frente a la prestación del servicio, específicamente por las deficientes condiciones de la mayor parte de los vehículos, las malas prácticas al volante, la insuficiente cobertura y el débil control del cumplimiento de rutas de transporte. Por último y no menos importante, es la absurda tarifa diferencial ($100 menos) que propone la Alcaldía para quienes paguen a través del medio electrónico que aún no han implementado las empresas.
Ante los aspectos de inconformidad relacionados, es oportuno precisar que si bien las empresas de transporte han realizado inversiones en una parte de su flota, lo cierto es que esto no es un favor para la ciudadanía, es parte de sus responsabilidades como operadores de mantener el estándar de una oferta del servicio adecuada. Estas inversiones son capitalizadas por sus negocios y no necesariamente cada una de ellas debe trasladarse al usuario. Sería bueno en este sentido, que los transportadores y la Alcaldía Distrital dieran a conocer previamente el plan de inversiones acordado para mejorar la calidad del servicio y la eficiencia del parque automotor. Así mismo, precisar a la opinión pública cuál es el plazo de la ejecución de las intervenciones, el de las entregas funcionales de estas y la determinación del tiempo de retorno para el privado; de manera que la ciudadanía tenga la certeza de que se financia con la tarifa del servicio, durante cuánto tiempo y cuándo podrá disfrutar del producto y/o servicio financiado. Esto como parte del ejercicio de gobernar de cara a la ciudadanía.
Santa Marta debe avanzar hacia un modelo de administración donde la gestión pública responda a criterios técnicos, se cumplan los pacto sociales y se armonicen los intereses público-privados. Decisiones como la del alza del pasaje de transporte público urbano, deben basarse en estudios y/o la aplicación de metodologías, como las que parametrizó la Resolución 4350 de 1998. Esta metodología además de incorporar en el proceso de fijación de tarifas del transporte público de pasajeros, el análisis de costos de la canasta del transporte provisional, el índice de inflación, costos de capital, parámetros de operación por clase de vehículo y nivel de servicio, parque automotor, rutas autorizadas, entre otros; deja la opción a las entidades territoriales de incluir factores de calculo que contemplen la calidad del servicio en materia de seguridad, comodidad y operación.
Este tipo de instrumentos técnicos, nos proporcionan bases a los ciudadanos para exigir de la gestión pública, la justificación técnica en los procesos de toma de decisiones que afectan nuestra calidad de vida. Los samarios debemos evolucionar en nuestro rol como ciudadanos hacia la función de agentes de control de las políticas públicas. Exigir de parte de las autoridades y empresarios, un mayor compromiso con la trasparencia y la ética, pues estamos en una época de tensiones sociales, que amerita por parte de los sectores público y privado, el respeto y aprecio de la confianza ciudadana.