Entes de control perniciosos

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Escrito por:

Veruzka Aarón Torregrosa

Veruzka Aarón Torregrosa

Columna: Opinión

e-mail: veruzkaaaron.t@gmail.com

Twitter: @veruzkaaaron


El país se ha mantenido durante los últimos días en medio de una inquietante agitación por cuenta de la movilización ciudadana que reclama al Gobierno Nacional, medidas que van desde la asignación de mayor presupuesto para los sectores sociales, el cumplimiento de lo pactado en el acuerdo de paz, hasta acciones contundentes frente al flagelo de la corrupción.

Aunque el estallido de la protesta ha caído en manos del gobierno de turno, lo cierto es que muchas de las demandas de la ciudadanía son deudas acumuladas durante periodos pasados, las cuales deberían asumirse no solo por el poder ejecutivo, sino por los poderes legislativo, judicial y entes de control, los cuales mucho han contribuido en el deterioro de la confianza ciudadana hacia la institucionalidad.

En particular a la justicia y entes de control, les caben profundas responsabilidades en la crisis que atraviesa el país, pues sobre su ineficiente operación recae gran parte del aumento de la percepción de impunidad, parcialidad y falta de garantías en la administración de justicia. En cifras, esto se refleja en la posición 99 que ocupa el país, entre 180 países, en el índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional (2019).
En este orden, los entes de control –Fiscalía, Contraloría y Procuraduría- deberían ser los primeros en responder por sus perniciosas actuaciones. Los resultados de estos organismos palidecen frente a la gravedad de la naturaleza de los delitos y el monto del detrimento del patrimonio público. Sus defectuosas actuaciones complotan contra la imparcialidad y la independencia, especialmente cuando enfrentan el poder político y económico en ciertas regiones.

Pese a lo anterior y mientras el país convulsiona, desde la barrera, los representantes de estos entes, “opinan” e intervienen como simples moderadores ajenos al conflicto, y no como corresponsables que son de éste. Con esto por supuesto, no logran minimizar el impacto que para el Estado y Sociedad en su conjunto, han generado sus dilaciones procesales, deficientes actuaciones y cuestionables sanciones, especialmente cuando se trata de funcionarios públicos del ejecutivo y legislativo. El resultado de esta situación, es un país que proyecta inestabilidad política y jurídica nacional e internacionalmente, lo cual afecta no solo su gobernabilidad, sino la inversión y desarrollo socioeconómico.

El caso del Magdalena, es uno de los ejemplos más concretos para referenciar la negligente labor de la administración de justicia, al menos en lo que nos consta: las dilaciones. Fueron múltiples las investigaciones que los entes de control adelantaron y anunciaron sobre gestiones públicas previas de dos de los candidatos más opcionados para gobernar este Departamento. Producto de esto, la Procuraduría General emitió un fallo de inhabilidad de 12 años contra uno de ellos. Sin embargo, las inexplicables dilaciones por parte de los entes frente a decisiones de fondo, llevaron a la ciudadanía a acudir a las urnas para elegir entre estos cuestionados representantes de grupos que rabiosamente disputan el poder político y económico de la región.

Colombia demanda que la administración de justicia se despolitice, que sus representantes se despojen de sus agendas e intereses políticos y actúen con proporcionalidad al quebrantamiento de la Ley. Esto no será posible, mientras el país no decida realizar una reforma judicial seria y profunda, la que quizás sea una de las deudas más costosas del Estado colombiano. Para esto será necesario quebrar el sometimiento de las decisiones del legislativo frente a la influencia indebida del sistema de justicia. Tal y como se evidenció en el sonado caso del “Cartel de la Toga”; donde algunos magistrados de la Suprema Corte y altos funcionarios de entes de control, se asociaron para instrumentalizar los medios judiciales con el fin de extorsionar y favorecer la corrupción de algunos miembros de los poderes ejecutivo y legislativo.

Los ciudadanos también debemos cuestionar nuestra responsabilidad ante estas actuaciones. Cual es límite de tolerancia de nuestras “fuerzas vivas” hacia actos corruptos en la gestión pública y administración de justicia?


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