Las declaraciones entregadas en días pasados por el Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Jonathan Malagón, a esta casa editorial, sobre el sistema mafioso que se ha constituido alrededor del suministro de agua en Santa Marta, al cual denominó “el cartel del agua”; es coloquialmente lo que los samarios llamaríamos un cuento viejo.
Desde el inicio de la crisis del servicio, hemos sido testigos de cómo lo contingente se volvió estructural, y en ese orden, como el mecanismo de abastecimiento de agua por medio de carros cisterna, ha pasado de ser complementario a fundamental.
Esta situación, no ha sido más que un efecto del entramado que se ha fraguado desde hace varios años por parte de quienes han querido apropiarse del negocio del agua en la ciudad, el cual comprende en este momento dos fines principales: apoderarse de los casi 800 mil millones de pesos destinados para la solución del sistema de acueducto, y quedarse con el control administrativo y financiero de la empresa a cargo de la prestación del mismo.
Es necesario tener presente, que dicho entramado tuvo su génesis en las decisiones de gobiernos anteriores de no invertir oportunamente en la solución del problema de pérdidas en la distribución, pese a que desde finales de la década de los 90’s, dichos gobernantes han venido siendo advertidos de la necesidad de mejorar la capacidad de abastecimiento de la ciudad y dentro de esto buscar además, nuevas fuentes hídricas para el consumo proyectado.
Aunque hoy esos gobernantes buscan evadir su negligencia culpándose entre sí, lo cierto es que como lo expresó Angela Merkel en una de sus poderosas frases, “Los presidentes no heredan problemas. Se supone que los conocen de antemano, por eso se hacen elegir para gobernar con el propósito de corregir esos problemas, culpar a los predecesores es una salida fácil y mediocre”. Partiendo de esta pertinente reflexión, los gobernantes que hasta la fecha han administrado esta ciudad, comparten la responsabilidad de la crisis actual.
Ahora bien, la sustitución de la operación del servicio de acueducto regular por la rudimentaria modalidad de distribución a través de carros cisterna, es una cruda evidencia del deterioro del mismo, lo que obviamente ha impactado en los usuarios, quienes para obtener el insumo de agua requerido, deben no solo pagar más, sino gestionar en distintos frentes la provisión de éste. Un primer pago lo hacen por vía de la facturación que realiza la empresa que presta el servicio público, hoy Essmar; el segundo pago es para cubrir el servicio particular que prestan los carros cisterna, ya que el servicio facturado no es suministrado regularmente; y a pesar de que Essmar ofrece la alternativa de estos, su disponibilidad es muy restringida. El tercer pago, se hace por la compra de agua empacada, debido a que la calidad del agua que se ofrece mediante las modalidades anteriores, no brinda garantías para el consumo humano directo. Quiere decir esto, que los samarios pagamos por la provisión de un mismo insumo, al menos tres veces y a tres agentes diferentes.
Ante la vulnerabilidad de los usuarios, comienzan a operar los abusadores que aprovechan para manipular los precios y controlar la oferta. Como en toda mafia, existen unas bases visibles a las que las autoridades seguramente criminalizarán, típico de quién busca la fiebre en las sabanas. Sin embargo, hacia donde estas autoridades deben direccionar sus investigaciones, es hacia el descubrimiento de los bandidos honrados que han favorecido el desarrollo de este mercado negro, que está deteriorando la calidad de vida de los samarios.
Si de justicia se trata, por quienes se debe empezar, es por esos ilustres malhechores que diseñaron todo un esquema para sabotear la prestación de un servicio público, que más que eso, es un derecho humano reconocido a nivel mundial.
Sin perjuicio de lo anterior, es necesario que en el corto plazo la ciudad diseñe y desarrolle un plan para corregir el problema de las perdidas, con lo cual se mejorará significativamente la prestación del servicio. En el largo plazo, con el apoyo del gobierno nacional, se debe gestionar un estudio serio, preferiblemente con una filma consultora especializada, para la búsqueda de una solución definitiva, sustentable y sostenible.