Resulta axiomático que la justicia es el esencial elemento del orden social. Interesa a toda la comunidad y no exclusivamente a quienes la administran. Esto explica que nadie discuta entre nosotros que la justicia es un servicio público a cargo de la nación.
Por desgracia la justicia en nuestro país se muestra lejos de ser rápida, pronta, eficaz y oportuna, lo que ha contribuido a que se acreciente la inseguridad, se desconozca la crudeza y genere incomprensión y desconfianza a la ciudadanía. Ello exige al gobierno velar porque en el país se administre pronta y cumplida justicia
En el derecho penal, las leyes se dictan para simplificar los delitos, pero es notable en nuestro medio que las leyes existentes son tan dóciles y manejables que ha logrado reproducir los delitos, además se notan inoperantes, paquidérmicas y débiles. La vemos tan deformada que parece significar cosa diferente y tal vez le atribuimos una aceptación antagónica a la suya propia. Cada día nos convencemos más que ha venido perdiendo su majestad y su alta dimensión jurídica. Ya casi la totalidad de los condenados no pagan su prisión en los establecimientos cancelarios. Muchos terminan cómodamente de sus hogares, otros se van a la calle por vencimiento de términos, la mayoría por falta de pruebas, lo que nos muestra que más del 50% de los condenados no cumplen su penalidad en los establecimientos creados para tal fin. A los adolescente que debido a su edad apenas comienzan su carrera delictiva, no se le lleva a prisión por no tener la edad adecuada para merecer censurados puniblemente, se ha notado en diversas ocasiones que estas criaturas han tomado el delito como faena lucrativa, y las cámaras legislativas que tienen conocimientos de los hechos, no se han dignado en establecer un mecanismo que puedan condenar a estos pelafustanes, que por poca edad que guarden, no dejan de ser un problema para la estabilidad social.
No se justifica ni tiene, explicación alguna, que en que el delincuente confiesa su crimen o se le sorprenda en fragancia, se dilaten en forma infinita los procedimiento con el deplorable resultado de que finalmente, se confunden las pruebas y se distorsiona para favorecer la impunidad.
No sé realmente cuántos establecimientos carcelarios existen en el país, como tampoco qué capacidad real pueden alojar, lo cierto es que el número de condenados es más de tres veces la capacidad de penados que puedan alojarse, lo que revela una densidad que origina toda clase de males, entre ellos la promiscuidad, dificultades para ejercer el control disciplinario, servicio públicos insuficientes, inadecuada presentación de atención médica o sanitaria, alimentación deficiente, desaseo, insalubridad y en fin aquel es un cuadro doloroso y dramático que se agrava por falta de recursos para solucionar satisfactoriamente tal agudos problemas.
Por otra parte es necesario la construcción de oficinas decorosas, para crear un ambiente propicio para el trabajo fecundo, lejos de la incomodidad de aquellos locales en los que, en veces se crea la sensación de un estrecho circuito en el que se hacinan personas y expedientes de una promiscuidad peligrosa, favorable para el desorden y la indisciplina y donde, además los servicios públicos se prestan en forma deficiente hasta generar en desaseo, suciedad o insalubridad.
Es probable que la falta de establecimientos carcelarios y la escasez de jueces y magistrados, hayan obligado a los legisladores a crear con rudeza leyes en las que todo condenado culpa su pecado en celdas en las que pueda sentir profundamente el precio de la libertad.
Esperemos que esta nueva legislación se empeñe en crear leyes bastante rígidas, e insensibles y el Estado invierta en la construcción de establecimientos carcelarios, para que por lo menos, los que tengan el delito como profesión empiecen a respetar nuestra justicia.