Escrito por:

Tulio Ramos Mancilla
Columna: Toma de Posiciones
e-mail: tramosmancilla@hotmail.com
Twitter: @TulioRamosM
El pasado 8 de junio se expidió el Decreto No. 2025 de 2011, con el que el Gobierno pretende entrar a reglamentar lo concerniente al tema de las cooperativas y pre-cooperativas de trabajo asociado, de acuerdo con lo normado previa y generalmente en las leyes 1233 de 2008 y 1429 de 2010, en relación con las posibilidades que tienen aquellas para contratar con terceros, y, asimismo, en lo que tiene que ver con las prohibiciones que consecuentemente se les impusieron a tales instituciones de la economía solidaria respecto de su irregular actuación como intermediarios laborales, a más del envío de trabajadores en misión que muchas de ellas han venido efectuando, todo de manera ilegal.
Sin embargo, y a riesgo de parecer demasiado suspicaz (aunque con los gringos está históricamente probado que nunca está de más un poco de sospecha), ¿no será que los amigos del Norte están interesados en algo más con esto, por ejemplo, hacer desaparecer a las cooperativas y pre-cooperativas con un fin, digamos, más siniestro, es decir, más acorde con la realidad? El lector puede ser más suspicaz que yo y pensar en cualquier respuesta; por lo pronto, recojamos la explicación que se da por ahí: que los gringos quieren hacer desaparecer las cooperativas y pre-cooperativas, pero no por ninguna razón amistosa, sino porque, en términos de competencia económica, saldrían perdiendo, de firmarse el TLC, pues aquí habría una mano de obra baratísima que facilitaría la producción (a diferencia de lo que sucede allá), vergonzosamente patrocinada -o permitida- por la ley, y que estaría representada en los pobres cooperados.
En mi artículo de hace casi un mes dije que las cooperativas y pre-cooperativas no deberían desaparecer, sino reglamentarse, so pena de que los colombianos que sí construyen sociedad a partir de su trabajo honesto terminaran pagando los platos rotos por otros, los corruptos; ahora, el Gobierno, que se desvive por el TLC, viene y precisamente reglamenta -o eso parece- la actividad "laboral" de las cooperativas, como si no pensara hacerlas desaparecer (¡Ah!, el decreto aclara que la intermediación laboral es cosa de las empresas de servicios temporales, no del sector solidario, y en consecuencia, las entidades de este no pueden enviar trabajadores en misión. Se establecen algunas prohibiciones y multas, y muy poco más. El decreto es reiterativo, y en esa medida, insustancial). Con este tira y afloja, ¿cuáles serán las verdaderas intenciones del Gobierno?.