Que paguen los pecadores

Columnas de Opinión
Tamaño Letra
  • Smaller Small Medium Big Bigger

Escrito por:

Tulio Ramos Mancilla

Tulio Ramos Mancilla

Columna: Toma de Posiciones

e-mail: tramosmancilla@hotmail.com

Twitter: @TulioRamosM



El pasado 8 de junio se expidió el Decreto No. 2025 de 2011, con el que el Gobierno pretende entrar a reglamentar lo concerniente al tema de las cooperativas y pre-cooperativas de trabajo asociado, de acuerdo con lo normado previa y generalmente en las leyes 1233 de 2008 y 1429 de 2010, en relación con las posibilidades que tienen aquellas para contratar con terceros, y, asimismo, en lo que tiene que ver con las prohibiciones que consecuentemente se les impusieron a tales instituciones de la economía solidaria respecto de su irregular actuación como intermediarios laborales, a más del envío de trabajadores en misión que muchas de ellas han venido efectuando, todo de manera ilegal.

En mi columna del miércoles 18 de mayo de 2011 ("Que no paguen los justos"), publicada por ElL INFORMADOR, afirmé sin ambages lo que pienso acerca del condicionamiento que Estados Unidos ha puesto sobre la mesa para que el Tratado de Libre Comercio -TLC- con Colombia sea ratificado por el Congreso de aquel país: que las cooperativas y pre-cooperativas de trabajo asociado desaparezcan, incluso antes del tiempo fijado para ello en la Ley 1429 de 2010 (junio de 2013). Sobra decir que esto me sigue pareciendo una manifestación más de grosero intervencionismo gringo, análogo al asunto de las bases militares que querían instalar aquí, pero con el agravante de que en este caso todo tiene un viso social, habida cuenta de que el motivo esgrimido en los pasillos demócratas de Washington para tal exigencia es el basado en aquel viejo verso de la solidaridad de los liberales norteamericanos, y de los unions que los apoyan, para con los explotados trabajadores colombianos, víctimas de un sistema legal que legitima -¿y quién lo puede negar?, pero este no es el tema de fondo- el abuso por parte del gran capital, que se disfraza de, digamos, cooperativo, para así evitar gastar plata en los pagos de seguridad social, entre otros.

Sin embargo, y a riesgo de parecer demasiado suspicaz (aunque con los gringos está históricamente probado que nunca está de más un poco de sospecha), ¿no será que los amigos del Norte están interesados en algo más con esto, por ejemplo, hacer desaparecer a las cooperativas y pre-cooperativas con un fin, digamos, más siniestro, es decir, más acorde con la realidad? El lector puede ser más suspicaz que yo y pensar en cualquier respuesta; por lo pronto, recojamos la explicación que se da por ahí: que los gringos quieren hacer desaparecer las cooperativas y pre-cooperativas, pero no por ninguna razón amistosa, sino porque, en términos de competencia económica, saldrían perdiendo, de firmarse el TLC, pues aquí habría una mano de obra baratísima que facilitaría la producción (a diferencia de lo que sucede allá), vergonzosamente patrocinada -o permitida- por la ley, y que estaría representada en los pobres cooperados.

En mi artículo de hace casi un mes dije que las cooperativas y pre-cooperativas no deberían desaparecer, sino reglamentarse, so pena de que los colombianos que sí construyen sociedad a partir de su trabajo honesto terminaran pagando los platos rotos por otros, los corruptos; ahora, el Gobierno, que se desvive por el TLC, viene y precisamente reglamenta -o eso parece- la actividad "laboral" de las cooperativas, como si no pensara hacerlas desaparecer (¡Ah!, el decreto aclara que la intermediación laboral es cosa de las empresas de servicios temporales, no del sector solidario, y en consecuencia, las entidades de este no pueden enviar trabajadores en misión. Se establecen algunas prohibiciones y multas, y muy poco más. El decreto es reiterativo, y en esa medida, insustancial). Con este tira y afloja, ¿cuáles serán las verdaderas intenciones del Gobierno?.