Toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un Abogado escogido por el o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento (…).
El que ofrezca, preste o facilite conocimientos jurídicos, contables, técnicos o científicos, ya sea de manera ocasional o permanente, remunerados o no, con el propósito de servir o contribuir a los fines ilícitos de Grupos Delictivos Organizados y Grupos Armados Organizados, incurrirá por esa sola conducta en prisión de seis (6) a diez (10) años de prisión e inhabilidad para el ejercicio de la profesión, arte, oficio, industria o comercio por veinte (20) años. No se incurrirá en la pena prevista en este artículo cuando los servicio consistan en la defensa técnica, sin perjuicio del deber de acreditar sumariamente el origen licito de los honorarios.
En todo caso el Estado garantizara la defensa técnica. Este proyecto de ley tal como está siendo tramitado – al menos el artículo en mención - es a todas luces inconstitucional, absurdo y lesivo en demasía para varias profesiones siendo una de ellas la Abogacía porque:
1). Elimina de tajo la presunción de inocencia no del cliente sino, óigase bien “del abogado” obligándolo a investigar a su posible cliente para saber si pertenece o no a un Grupo Delictivo Organizado o a un Grupo Armado Organizado o No, y yo pregunto ¿ será que estas organizaciones tienen propaganda, carteles de avisos publicitarios o no?, hoy la realidad - y yo la considero correcta por lo liberal - es de que , simplemente quien desee un concepto o un estudio jurídico de un caso cualquiera que sea puede consultar a un jurista lo que quiera y desee sin restricción alguna pagándole sus honorarios correspondientes, esto por ser la Abogacía una profesión necesaria, liberal y social,
2). El deber de acredita sumariamente el origen licito de los honorarios pagados al abogado, “esto sí que es absurdo”, y también me pregunto ¿ de qué manera podría saber el abogado que determinados dineros que le paguen por honorarios son lícitos o ilícitos? , ¿Tendrá el abogado la obligación de exigir a su cliente un documento de idoneidad de la procedencia de los dineros que paga?, ¿podrá el abogado motu propio conseguir que las entidades Bancaria le suministren información financiera de sus clientes sin ellos autorizarlas y sin tener orden judicial?, yo manifiesto que No,
3).Si bien el articulo deja entre duda de manera escueta “la defensa técnica”, nada dice de la inhabilidad para el ejercicio de la prohibición por espacio de veinte (20) años, algo que es grave, por decir los menos y que tal como está redactada no deja duda alguna de exoneración y 4). En todo caso el Estado garantizara la defensa técnica, aquí si bien pareciera como que hay una luz de esperanza de ejercicio liberal de la profesión, el no definir el cómo permite inferir que prima lo definido expreso con anterioridad en el artículo. Comentando de manera sucinta el artículo emito un campanazo de alerta en la protección de los derechos de los profesionales en general y de la Abogacía en particular, reafirmándome en la violación al derecho de defensa contemplado en los tratados internacionales relativos a los derechos humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad, la Constitución Política y la ley ya establecida en general.