Más justicia, menos juristas

Columnas de Opinión
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Escrito por:

Jairo Franco Salas

Jairo Franco Salas

Columna: Opinión

e-mail: jairofrancos@hotmail.com



En los últimos días han surgido trascendentales revelaciones de hechos que evidencian el elevado grado de corrupción que gira alrededor de la institucionalidad del Estado Colombiano.
Un ejemplo ilustrativo lo configura el estado de postración que ha dinamitado la legitimidad dentro del seno de la Fiscalía, Cortes y otras instancias del aparato gubernamental. Es inaudito que algunos magistrados estén involucrados en delitos y que en el pasado se mostraban impolutos. Estos desmanes son insumos que permiten al pueblo Colombiano consolidar un pacto social orientado a crear barreras que frenen y desarraiguen este flagelo delincuencial que hace mella en todo el país. Circunstancia que nos hace quedar muy mal parados a nivel internacional; además de ocupar el primer puesto como productor de cocaína y país narcotraficante, ahora se ostenta un alarmante status  a nivel de corrupción.

De este fenómeno, nace una apuesta por desestabilizar y generar una falsa percepción  de debilidad institucional e ingobernabilidad; en otras palabras se necesita en este país un aparato de justicia con suficiente musculo para actuar frente a los desmanes delincuenciales y como tal incidir en soluciones. Quienes mantienen la justicia Colombiana en crisis y distorsionada; además se consideran juristas de pesos pesados, solo les falta ser magistrados de la corte celestial y que más parecen tarzanes de la justicia que van de rama en rama, enmermelados  y salpicados por la corrupción; a estos personajes no los necesita Colombia al frente de entes de justicia decisorios; ya hemos visto sus antecedentes y los resultados funestos.

Los Colombianos quedamos atónitos de verdad al percatarnos sobre el poder sin límite que tienen ciertos funcionarios que no los controla nadie y lo más aberrante, que se maniobran entre ellos artimañas delictivas; llegándose a negociar y a dilatar ordenes de captura por sumas millonarias de dinero; existen serias evidencias e indicios que ésta forma de delinquir hizo carrera en todas las esferas del sistema judicial mediante un rebote insostenible de incalculables consecuencias.

Colombia exige de manera urgente una verdadera transformación en la conducción político-jurídico-administrativa, puesto que el foco del mal de la corrupción anida precisamente en el estamento político que permea al judicial y a los demás entes institucionales. Debemos depurar las metodologías nefastas, diseñadas por los partidos políticos; cambiar el enfoque de la categoría para la escogencia y selección de candidatos a diversas corporaciones de elección popular. De que nos sirve ser inmensamente ricos en biodiversidad, si con la corrupción se está apabullando aun los principios éticos y morales. Sobre un criterio racional en materia de corrupción, tendríamos que preguntarnos si éste accionar  indecente se da en las altas esferas de la justicia, ¿Qué no estará sucediendo en la provincia, en otras ramas del poder público y demás corporaciones y entidades oficiales ?.

Se requiere con urgencia más control, mayor volumen de articulación que avance en la consolidación de una nueva estructura político-social; pero lo peor aún después de este caos asqueante y repugnante,  propio de la corrupción son los resultados  irrazonables y casi nulos en términos de gestión lo que está presentando la justicia Colombiana.

Tenemos la responsabilidad histórica de construir un nuevo país, con mayor formación humanista, una valiosa educación,  equilibrio de equidad en  injusticia y  cumplir a cabalidad con los mandatos constitucionales a través de pilares imprescindibles como la honestidad, la confianza y la credibilidad.

Al cierre afirmamos que  los ciudadanos de bien de este país  estamos obligados a crear una nueva atmosfera de entendimiento; más justicia, menos juristas, no tantas leyes, si más acciones.