A Mocoa, lamentablemente se le viene a conocer ahora, en la tragedia; se anuncia con excesivo optimismo que la ciudad se reconstruirá y que quedará mejor. ¿Esto qué es? Y ¿Qué decir de los muertos que dejó la avalancha? No apareció la prevención y las consecuencias ya las conocemos.
Es un milagro que no ocurrió una catástrofe de mayor magnitud; los ríos Mulato y Sancoyaco, además de la quebrada Taruca, afluentes del rio Putumayo, que tienen un desnivel considerado de caída libre sobre Mocoa, sumado a la deforestación continua, contribuyeron a incrementar el desastre. El barrio el Carmen no fue afectado, gracias a la existencia de un bosque nativo cercano. Ahora, altos funcionarios que tienen responsabilidad en el tema, se lavan las manos, manifestando que solicitaron conformar comités de emergencia locales.
La ley 1523 de 2012, adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres; establece simultáneamente el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de los Mismos, cuyo objeto debe constituirse en una disciplina habitual de desarrollo indispensable para asegurar la sostenibilidad, la seguridad territorial, los derechos e intereses colectivos, mejorar la calidad de vida de las poblaciones y las comunidades en riesgo; por lo tanto, está intrínsecamente ligada con la planificación del desarrollo seguro, con la gestión ambiental territorial sostenible en todos los niveles de gobierno y la efectiva participación de la población.
La alerta es el estado que debe declararse con anterioridad a la manifestación de un evento peligroso, con base en el monitoreo del fenómeno respectivo, con el fin que las entidades y la población involucradas activen procedimientos de acción previamente establecidos, no se dio mediante alarmas. La referida Ley en su artículo 10, designa al presidente de la república como suprema autoridad administrativa para manejar en todo el territorio nacional los asuntos relacionados con la materia, la prevención y la atención de desastres.
Decepciona y más, sobre todo cuando nos damos cuenta la cantidad de víctimas y en especial las instituciones que tienen la obligación estatal de direccionar medidas de salvaguarda; pero no, la disculpa, perdón “el argumento” es que ya delegamos al departamento o al municipio; delegación sin los adecuados y precisos recursos; solo ordenar instalar comités de emergencia. ¿Esto para qué sirve?, si no es operativo. Se instaló como un saludo a la bandera. Para 1989, se preveía esta calamidad, 82 mil millones de pesos se calculaba la inversión, requeridos para diques y muros de contención. No se invirtieron. ¿Cuánto costará ahora?. ¿Resultará mejor construir en otro lugar aledaño, libre de riesgos?.
Desarraiguemos de nuestras mentes la idea que es mejor reconstruir que prevenir; claro está que lo primero les interesa a los contratistas que aparecen como gavilanes. La prevención es fundamental y le corresponde por ley al Estado. Los referidos contratistas se consideran salvadores de la calamidad y más cuando se dan cuenta de los dineros a invertir en la reconstrucción, se les agrandan los ojos y de qué manera, se frotan las manos por sacar su gran tajada. La presencia estatal en Mocoa, hoy debe concentrarse en las áreas de la salud, educación, infraestructura, servicios públicos y otros. Los Entes de control deben hacer presencia con atención y rigurosidad para el manejo eficiente de los recursos.
Además del Putumayo, 8 departamentos se encuentran en alerta ante el crudo invierno que se desata, especialmente en Chocó, las poblaciones que terminan en la silaba dó, que en lengua nativa significa a orillas de un rio, sin respetar la ronda hidráulica.
Aunado al acompañamiento material y el acercamiento al problema se requiere un seguimiento solidario, continuo, abrazarnos sinceramente. Todos los colombianos debemos presentarnos física y espiritualmente para demostrarle a los mocoanos que estamos con ellos.