Colombia es un Estado Social de Derecho, donde se privilegia la democracia participativa y democrática. Ello presupone la necesidad de articular la legalidad y el respeto a las normas con el claro sometimiento a la carta magna.
Ese enunciado normativo plasmado por los constituyentes de 1991 en los artículos 40, 103 de la Constitución Nacional entre otros, desarrollado en las leyes 134 de 1994, 1757 de 2015, y muchas más solo adquieren preponderancia si se logra que la sociedad en general asuma con responsabilidad las riendas de su destino histórico.
En las actuales circunstancias, donde el país se encuentra en un círculo vicioso, la politiquería y la corrupción copan todo los espacios de la vida pública, resulta menester replantear el contrato social, en los términos de la primigenia concepción que al momento plantea más sombras que luces.
Si esa línea de la participación popular en los asuntos que le atañen se quiere materializar, es urgente plantear algunos escenarios distintos, pues es bien conocido, el lema que los cambios con los mismos comportamientos se convierten en meras utopías y quimeras de poco asidero en la realidad.
Para tal fin quisiera ensayar unas breves reflexiones sobres este particular tema, siempre pensando en lo posible y lo llamado imposible.
Un primer punto, para el espacio territorio que nos ocupa, la ciudadanía del departamento del Magdalena debe comenzar a castigar a los políticos (representantes a la Cámara, Concejos, diputados) que en el cuatrienio no arrojen ningún tipo de resultado en control político, iniciativas normativas, proyectos dirigidos al bienestar de sus comunidades, gestión ante las instancias ejecutivas. No tiene presentación que paguemos con nuestros recursos a servidores públicos que demuestren desinterés e incompetencia en la labor encomendada. (Uso del voto como expresión de la Democracia y cuestionamiento a la democracia representativa)
Si no sirven, pongamos nuevos representantes con el voto, pues resulta inadmisible que se premie la incompetencia, y la incapacidad regalándole 4 años de sueldos, más las dádivas ilegales que concertan con los representantes legales de las entidades, para que calienten puestos. O nos representan o les bloqueamos las tentativas de volver a lo mismo. ¿Cómo? Con el voto , dado que no existe la revocatoria para estas corporaciones por disposición constitucional y legal.
Ahora bien en esa línea de la participación ciudadana, también debemos plantear alternativas ante los cargos uninominales (Alcaldes, Gobernadores).Aquí el escenario es un tanto parecido al tema anterior, por cual, se requieren acciones concretas de los ciudadanos.
El constituyente planteo la revocatoria del mandato, para castigar al mandatario lo- cal o seccional que luego de un año de ejercicio, incumpla su programa de gobierno, o se manifieste insatisfacción en el pueblo. El mecanismo legal descrito en la Ley 1757 de 2015 y la Ley 134 de 1994, a mi modo de ver, tiene buenas intenciones, pero en la práctica siempre tropieza con obstáculos: Termina siendo una herramienta utilizada por los enemigos soterrados de los mandatario de turno, con todo lo que ello implica .Pensada las administraciones para un periodo de 4 años, la revocatoria es excepcionalísima, pues los costos en términos institucionales, distractivos y fiscales son de enorme valía. Cuanto nos cuesta un proceso de revocatoria ¿Quién asume los enormes costos y traumas institucionales por los potenciales cambios de administración? Quien asume los costos de administraciones dedicas a defenderse de la posible revocatoria ¿La Guajira nos muestra un panorama desolador de lo que es la desinstitucionalización y la afectada directa son los ciudadanos de a pie. Pero existe la revocatoria con estas críticas de observaciones fácticas, para ser usada por los ciudadanos, y nos guste o no toca acatarla, velar por su real filosofía.
En este sentido complementariamente sería necesario y deseable pensar en fortalecer el sistema de veedurías(Ley 850 de 2003), en los distintos temas que nos ocupan(contratación pública , servicios públicos de salud, domicilios etc.),para lo cual desde ahora sería necesario exigirle a la Esap, y las universidades públicas que iniciaran un proceso de capacitación riguroso para las comunidades y los veedores en los distintos frentes., y de ser posible un acompañamiento en casos de relevancia donde se vean comprometidos recursos de enormes cuantías.