Cuando el Fiscal General se posesionó de su cargo, prometió que los casos de alto perfil, como el de Saludcoop, serían destrabados en cuatro semanas.
Se ha vuelto costumbre de las cabezas de los entes de control pensar y errar en voz alta ante los micrófonos y la prensa nacional, cuando la impronta de su actuar debería ser la discreción y el silencio. Los asuntos que les competen por razón de su función, afectan el buen nombre de las personas, y bien saben ellos que el derecho al buen nombre tiene rango constitucional, y que todas las personas están amparadas por la presunción de inocencia. Eso de andar mencionando nombres a diestra y siniestra ante los medios no debería suceder.
La justicia show no le conviene al país porque diezma la confianza en las instituciones, que de por sí ya gozan de poca. A raíz de Odebrecht, casi a diario escuchamos al Fiscal General, mencionar posibles implicados, con el agravante que algunas veces sale al día siguiente a recoger velas. ¿Qué es esto? ¡Cállese la boca y haga su trabajo! ¿Es Fiscal o es celebridad?
Por otro lado, se ve muy mal que el Presidente se una al zafarrancho y ande defendiendo a la campaña que lo re-eligió. Si la preocupación de Santos es que su imagen se vea afectada, no tiene nada de qué preocuparse porque es difícil que su imagen se deteriore más. Santos debe abstenerse de dar declaraciones en uno u otro sentido, y pedir que se espere a los resultados de las investigaciones. En un país aberradamente presidencialista, las posiciones del presidente pueden ser interpretadas como intentos de influir en la investigación. Defiéndase cuando sea requerido y en las instancias adecuadas; mientras tanto guarde prudente silencio.
Debería servirnos de escarmiento lo acontecido en el caso Colmenares, en donde producto de la batalla de los micrófonos, las dos acusadas fueron condenadas por la opinión pública, pero absueltas en los estrados judiciales. El público en general no tiene acceso al expediente y por tanto no sabe cuál es la verdad procesal, y además la mayoría desconoce cómo funciona el derecho. Nada de esto obsta para que se emitan desinformados juicios a priori, y se tome partido por una de las partes. Cuando los fallos no coinciden con la opinión pública, se duda de la honestidad de la justicia; consecuentemente, muchos se sienten tentados a hacer justicia por mano propia, como lo insinuó el padre de Colmenares.
El funcionamiento de la justicia penal en los casos que no son de alto perfil, también deja mucho que desear; muchos fallos se hacen a la medida del bolsillo. El triunvirato conformado por juez, fiscal y abogado es en muchos casos un sofisticado entramado de extorsionistas, que mancomunadamente actúan para sacarle mucho dinero a todo aquel que tenga tres pesos y esté dispuesto a comprar su impunidad. Claro que hay abogados, jueces, y fiscales honestos que nos enorgullecen, pero hay suficientes manzanas podridas en el sistema para afectar la credibilidad de la justicia colombiana. En muchas regiones del país, la justicia es una cortesana que se vende al mejor postor.
En síntesis, la justicia no funciona para los de arriba ni para aquellos de la mitad que tienen como comprar un fallo. A los que jode la justicia es a los de abajo, como vulgarmente se dice: a los de ruana. El sistema acusatorio está fracasando en Colombia, pero no porque no sirva o no sea bueno sino por el tamaño de la corrupción que afecta todas las instancias de la vida nacional.
Ahora que supuestamente podemos ver la corrupción porque se disipó el humo de la guerra, espero que los que deben verla, vean con toda claridad cómo está enquistada en la justicia y hagan algo al respecto. Sin un sistema de justicia operante y creíble, el estado de derecho no existe. Así de simple.