Escrito por:
Tulio Ramos Mancilla
Columna: Toma de Posiciones
e-mail: tramosmancilla@hotmail.com
Twitter: @TulioRamosM
El senador Álvaro Uribe insiste en que, una vez gane el sí –de ser así-, se dedicará a “activar” aquella abstracción que no ha vuelto a definir, pero que ya una vez llamó “resistencia civil”, con los comentarios de rigor que ello suscitó en los colombianos atentos.
Es sabido que, en sentido jurídico-constitucional, la pregunta que el presidente de la República le hace al pueblo a través del plebiscito es para saber si, políticamente, está legitimado para llevar a efecto una política pública por él propuesta. En este caso particular, la proposición la hace el presidente, sí, pero previa negociación de cuatro años con un grupo beligerante colombiano, en medio de un conflicto armado no internacional. Eso no cambia las cosas: es una propuesta presidencial cuya validación popular expresa ha creído necesaria el propio jefe de Estado (que actúa en esto, más que nunca, como jefe de Estado, y no de gobierno). Entonces, ¿por qué Uribe se atreve a desafiar al texto constitucional, al ordenamiento jurídico colombiano, si Santos actúa con evidente respeto por la legalidad?
El argumento más elaborado para sostenerse que le oído al expresidente es uno al que visiblemente su esforzado equipo de letrados (a más del eminente jurista, primo de Pablo Escobar, José Obdulio Gaviria) le ha puesto tantos remiendos como énfasis: dice él que el presidente Santos podrá, vía decreto, efectivizar todas las materias de las doscientas noventa y siete páginas que sean cuestión de ley ordinaria (intuyo –por como habla- que Uribe trata, en su afán manipulador, a las subcategorías de leyes marco, orgánica y estatutaria como si todas fueran ordinarias). Esto no es cierto, y Uribe, que es abogado, bien debe de saberlo. En realidad, después de leer con cuidado muchas de las hojas del mamotreto de La Habana encuentro que la labor legislativa (o sea, del Congreso de la República) deberá ser necesariamente monstruosa si lo que se quiere es abarcar toda la materia negociada. No es posible que el presidente, emitiendo una sola o todas de las cuatro clases de decretos que está o podría estar autorizado a proferir, abarque todo lo por reformar.
¿Movilizar a sus partidarios para qué, entonces? Pues para poder seguir alimentando con mentiras (ya sean burdas, o elaboraditas, de esas que podrían parecer verdad dado el rebusque de su talante) la ilusión de que en Colombia se ha hecho “una sustitución de la Constitución”, y que “el acto legislativo para la paz es un golpe de Estado”, etc. Solo alguien capaz de atacar la misma institución de la que hace parte podría desconocer el sí sincero de los colombianos por una paz que a él no le pertenece, e incitarlos velada y cobardemente a la guerra civil. Señor lector: infórmese, y tome usted partido.