El viacrucis que afrontan más de 58 mil madres comunitarias en el país se enfrasca en una prolongada controversia que día tras día cobra mayor expectativa, puesto que menoscaba los valores de la estabilidad laboral ganada a pulso por ellas, quienes han respondido con vehemencia a esto que han llamado un verdadero atropello que afecta su futuro y el de su núcleo familiar.
Con relación a este hecho, algunos congresistas han tomado medidas pertinentes, para impulsar un liderazgo y estructurar propuestas que permitan aportar soluciones; toda vez que la mayoría de ellas no cumplen con rigor lo concerniente a la seguridad social que por ley se exige para que exista una pensión. Es menester formular aquí un documento con propuestas para el cambio, que satisfaga de manera objetiva sus derechos. Se requiere de soluciones estructurales, reales, positivas y no pañitos de agua tibia o contentillos cada cuatro años; en otras palabras se deben tomar medidas definitivas para normalizar la situación de protesta que lleva de diez días. Traigo a colación un testimonio basado en hechos donde las madres comunitarias son protagonistas y a quienes la pasada campaña de orden presidencial tuve la oportunidad de reseñar en esta tribuna periodística, las promesas hechas por el presidente Santos, quien ofreció mejorar sus condiciones económicas y según él dijo: “El objetivo que buscamos es desarrollar los sueños y esperanzas de estas mujeres con participación incluyente y activa”. Estas buenas intenciones quedaron en entredicho, sin el más mínimo asomo de ética, acontecimiento este que genera comprensible revuelo e indignación entre congresistas que les dieron acogida y atención en el seno de sus plenarias y a quienes defendieron, sosteniendo que se necesita democratizar la paz entre diversas estrategias de cara a un escenario de posconflicto; ya que debemos tener en cuenta que la transición empieza por cambiar la concepción doctrinaria partiendo del hecho que el problema atraviesa por una encrucijada; sin embargo, la postura asumida apuesta a revisar antecedentes que propicien una alternativa de solución; es decir, abrir caminos a una regulación visionaria, un acto progresivo y paralelo al cumplimiento de los acuerdos a que se lleguen ya que las manifestantes persisten en la lucha de sus derechos, problema crónico que aún subsiste, especialmente ser vinculadas y que dependan laboralmente del Icbf.
En esta contextualización se debe actuar con convencimiento y razón para sustentar la decisión, socializar un plan de acción encaminado a vencer el inconformismo ciudadano que admite que se transgredan garantías y derechos y que día tras día engorda ante la creciente corrupción; un ejemplo ilustrativo lo configuran las críticas señaladas con fundamento contra la directora del Icbf, Cristina Plazas, sobre su rol de desempeño.
Varios partidos políticos se han pronunciado sobre este candente tema que ocupa expectativa noticiosa a nivel nacional e internacional. Algunos congresistas proponen generar compromisos de seguimiento y acompañamiento con una solución real e integral, donde se firme un acuerdo interinstitucional de voluntades, que socialicen propuestas e iniciativas para que den validez a un avance importante en torno a la dignificación de la labor de las madres comunitarias que son fortaleza vital y piedra angular para el sostenimiento de los niños.