Escrito por:
Tulio Ramos Mancilla
Columna: Toma de Posiciones
e-mail: tramosmancilla@hotmail.com
Twitter: @TulioRamosM
Cuando no se cumple la ley, cuando se tiene la costumbre de violarla, de irrespetarla, de considerarla algo vano, superfluo, caprichoso, y hasta perverso, pasan cosas, a lo menos, curiosas. Me estoy refiriendo, por principio, a la tradición leguleya de Colombia, país con índices altísimos de impunidad y corrupción, en el que, como ejemplo, el individuo encargado de hacer el control fiscal de la República se va de turista alrededor de medio mundo y contrata asesores en etiqueta por carretadas de millones, todo, a costa del presupuesto de la entidad que dirige.
Se trata, sin embargo, del mismo país en el que, para que le den la medicina o la cirugía que por ley (ya no digamos que por ser uno de los Derechos Humanos) genuinamente le corresponde a un enfermo, sus familiares tienen que volverse expertos en peticiones, tutelas, desacatos y lágrimas a ver si no se les muere su ser querido; como también han muerto otros, en las puertas de urgencias de las clínicas, simplemente por no haber tenido una afiliación a la seguridad social que les "diera" el derecho a la salud.
Se destroza así a la Constitución Política, y a la ley, las que, cuando se presentan estos casos, casi no tienen dolientes entre los funcionarios públicos encargados. (Muy distinto de cuando se trata de otros derechos fundamentales, digamos, relacionados con mandatarios territoriales separados de sus cargos para ser investigados, eventualidades en las que no faltan los jueces que con celeridad protegen el derecho al trabajo del pobre ¡perseguido político!, para así restituirlo en su cargo cuanto antes. Seguramente razones hay para ello).
Y pues, si la ley no es acatada, convenientemente debe darse la apariencia contraria; por eso la corrupción y la práctica leguleya están relacionadas: cuanto más hay de la primera en una sociedad, mayor se hace la necesidad de encubrirla a través de la segunda, que, naturalmente, tiende a incrementarse, promoviéndose el abuso de las formas jurídicas, lo cual es otra expresión de la ilegalidad.
Así como lo entiendo, nos encontramos en presencia de un círculo vicioso: mientras más corrupción -o sea, injusticia- haya, más ocultación de esa injusticia habrá -es decir, leguleyada-, y así, el daño final es doble, pues además del mal inicial de la corrupción general, tenemos que hacer frente al otro problema, que se presenta desde que el derecho dejó de ser el garante de la vida justa en comunidad y se convirtió en la arcilla de los leguleyos.
Entonces, mientras el colombiano de a pie necesita hacer fila todo un día para sacar el pasado judicial del D.A.S., en el que podría aparecer que se robó una gallina hace veinte años y, en razón de ello, lo más seguro es que no le den el trabajo que busca, es posible que otro ciudadano -éste sí con dinero suficiente-, luego de matar intencionadamente a otro, permanezca prisionero en su domicilio (entiéndase, de parranda), y sin haber sufrido muchos trámites.
Así pues, este es un país leguleyo, pero no legalista (no podría ser de otra forma en un lugar en el que, hasta ahora, triunfa la injusticia). Aquí no se venera a la ley, ni a su espíritu, todo lo contrario; pero, eso sí, a la hora de charlatanear en jerigonza dizque jurídica, abundan los profesionales, los mismos que son responsables de que esta situación se perpetúe, pues en lugar de ser agentes del derecho no son sino cortesanos de los reyezuelos mafiosos que han hecho de éste un pueblo habituado al delito.