La voz del equipo negociador en los diálogos de paz en La Habana
Una lectura relámpago del acuerdo sobre víctimas, logrado entre el gobierno de Santos y las autodenominadas FARC-EP, que dicen es la antesala de la inminente finalización de las conversaciones en la Habana, Cuba, el cual crea el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, incluida la nueva Jurisdicción Especial para la Paz y compromiso con los Derechos Humanos, abre muchos interrogantes, despierta infinidad de dudas, y genera la sensación de que, como se ha señalado en varias ocasiones,
la Constitución Nacional, la de 1991, que fue la feliz concreción de las disímiles concepciones de Estado de todos los partidos políticos por esas calendas, dejó de existir. Y que como lo decía una influyente columnista colombiana hace algunos días, el celebrado Acuerdo a todas luces fue diseñado a ciencia, paciencia y gusto de la guerrilla, como lo fue el propio mecanismo constitucional del plebiscito, al que ha sido convocado el pueblo para refrendar los términos finales, así aquella haya mostrado su desaprobación al mecanismo.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que se crea, ejercerá funciones judiciales para la satisfacción de los derechos de los víctimas, ofrecerá verdad a la sociedad colombiana y contribuirá a la reparación de los afectados por el conflicto, en cabeza de magistrados, algunos de los cuales podrán ser extranjeros (¡), que "serán elegidos mediante un proceso de selección que dé confianza a la sociedad colombiana", dice el documento.
Pero es que si existe en Colombia, en estos momentos, un sector más desprestigiado del Poder Público, por sus escándalos y corrupción es el de los jueces, quienes dentro del engorroso organigrama de cinco secciones que se ha confeccionado en el nuevo modelo, una de ellas la de amnistías e indultos, que solo pueden ser concedidos por el Congreso Nacional, no podrían brindar la suficiente imparcialidad en sus decisiones, que no sentencias, sino sanciones, como generosamente acaban de bautizarlas.
Magistrados extranjeros, amnistías e indultos concedidos por organizaciones accidentales, no son acaso, violaciones protuberantes a los principios universales de Igualdad y del Juez Natural (Art.7º. del Código Penal colombiano, (ley 599/2000), y el cambio de pena por el de sanciones propias, alternativas y ordinarias, no rompe de hecho, con la estructura del modelo legal contemplado en los artículos 3º, 4o, 7º ibídem. Claro que sí.
Pero al avanzarse en el acápite correspondiente a las Víctimas del conflicto, al decir de sus gestores, razón sustancial y columna vertebral del acuerdo, se señalan varios mecanismos de reparación integral que, en nuestra opinión, no consultan las exigencias de los afectados por este baño de sangre de más de cincuenta años que inundó de cruces, ciudades y campos, tornándose las medidas en irrisorias, y si se quiere, insignificantes, dada la magnitud de esas tragedias traducidas en asesinatos, secuestros, desaparecidos, mutilados y desplazados.
"Las FARC-EP, dice el documento, se comprometen a la reparación material de las víctimas y en general a su reparación integral", pero no señala la forma y el cómo lo harán.
Declaración vacía y sin contenido.
Se cuidan, eso sí, de señalar que no es cierto que sean el cartel de drogas más poderoso y rico del mundo, como lo han registrado revistas y medios especializados del mundo.