No, pero sí

Se dice en el informe que el núcleo del mandato que se entregará mediante la resolución que se cocina entre miembros permanentes y no permanentes de aquel organismo (se requieren los cinco votos de los primeros y al menos cuatro más de los segundos, es decir, nueve de quince) estará en la verificación del cese al fuego, además de otras materias anejas al acuerdo de paz por firmar.

Asimismo, señala atinadamente Semana una rotunda incoherencia en el conjunto de esta política de paz (política que he apoyado con mi voto, pero que no puedo dejar de criticar): Colombia, que desde que Santos llegó al poder aspira a abandonar el Medievo institucional y social, y así, entrar de una vez por todas en las lógicas del mundo moderno (con todo lo bueno y lo malo que habría que decir sobre eso), ahora da varios pasos atrás, con esa gratuita invitación a la indescifrable comunidad internacional a venir a nuestro país a definirnos, a rotularnos, a limitarnos.

No se entiende cómo esta estrategia que podría parecer buena, pero que no lo es (por muchas razones que la actualidad internacional ilustra por sí misma), puede compaginarse efectivamente con la primera intención: la estandarización del Estado colombiano a las realidades de los países en los que el desarrollo es la única razón de ser de lo público (léase ingreso a la OCDE).

Colombia es más que la mayoría de países en los que la desprestigiada ONU (ver reciente escándalo de corrupción del expresidente de la Asamblea General) ha metido sus capturadas narices. Es cierto lo que reseña Semana en el sentido de que, como lo opinan algunos entendidos, el único que gana, con el otorgamiento de un poder cuyos linderos no se han precisado, es el propio Consejo de Seguridad: Colombia no gana nada.

Es verdad, también, que Santos no confía en los militares para el posconflicto, y hace bien; y que, por lo demás, el país es fácil de manipular por los sempiternos malquerientes de la paz. Así medio se entendería que la presencia internacional le dé un viso de legitimidad a una circunstancia tan difícil como la que se avecina; pero, en el largo plazo, es más lo que se pierde que lo que se gana en materia de soberanía, de influencia internacional, y por qué no decirlo, de prestigio útil para el desarrollo económico.

Así parecía haberlo entendido el gobierno. Pues esta contradicción (entre el avance y la derrota institucional) parecía superada inicialmente, cuando desde diferentes esferas del Estado colombiano se hizo cabildeo en La Haya para "demostrar" que no somos un Estado fallido y que la aplicación del artículo 17 del Estatuto de Roma (complementariedad de la Corte Penal Internacional, es decir, su intervención en Colombia) era absolutamente innecesaria a efectos del proceso de paz. Es decir, por un lado se insiste hasta el cansancio en la idea de que somos un país de gente grandecita, y que podemos solitos; y ahora, por el otro, se le entrega en bandeja a una dudosa entidad la posibilidad de afirmar precisamente lo contrario. Nada de franquismo, ni de aislamiento, pero que quede claro: Colombia para los colombianos.