Escrito por:
Tulio Ramos Mancilla
Columna: Toma de Posiciones
e-mail: tramosmancilla@hotmail.com
Twitter: @TulioRamosM
Todo litigio es, además de un duelo de estrategias, una estrategia en sí mismo, con fines mediatos o inmediatos, y no solo en materia de derechos humanos, aunque bien se los utilice como bandera.
En primer lugar, y sin entrar en los detalles de una discusión tan densa, solo revisemos el cariz de la estrategia para litigar usada por el activismo LGBT que ganó la aprobación de la jurisdicción constitucional frente a la adopción homosexual, hace apenas unos días en Colombia: los derechos de los niños, tema que era, y que sigue siendo en muchos lugares del planeta, centro de la argumentación para negar a los gais la posibilidad de ser padres por esa vía legal, fue el mismo utilizado como contragolpe previo por los demandantes del Código del Menor a modo tal vez de arma "secreta", y así, menos controvertible. Precisamente, por los derechos de la infancia aceptó inclinarse la Corte Constitucional para no dejar la adopción tal cual estaba, persuadida aquella por la abundante evidencia (ignoro si válida o no) presentada en contra de la ley atacada.
Los derechos de los homosexuales, al menos por un momento -al menos estrictamente-, pasaron a segundo plano, y el alegato se fijó eficientemente en los menores. Ahora bien, ¿acaso no pensaron los accionantes que un eventual triunfo suyo, como en efecto se dio, tendría repercusiones adicionales en la reclamación de los LGBTen cuanto a la conformación de sus familias desde un plano de igualdad jurídica (entiéndase: matrimonio entre personas del mismo sexo)? Claro que se pensó, y claro que las tendrá: tanto la estrategia para el litigio, como el litigio en tanto que estrategia, en este caso funcionaron, tal vez mejor de lo que sus promotores pudieron haber pensado inicialmente. Pues una vez reconocido constitucionalmente que los niños pueden ser adoptados por homosexuales, ¿cómo es que estos últimos no pueden hacer una familia a la luz de la ley civil colombiana, si, entre otras cosas, y según un principio general del derecho, "El que puede lo más, puede lo menos"? Por ahí quedó el debate, muy avanzado ya.
Cambio radicalmente de asunto, pero no de fondo. La cuestión de Cataluña se torna cada vez más interesante. El pasado lunes el Parlament de Catalunya aprobó por inquietante mayoría una resolución independentista que llama prácticamente a sentar las bases de un Estado, no ya más autónomo, sino abiertamente "desconectado" de España. Más allá de saber quién tendrá la razón al final, cabe plantearse ahora esta categórica disyuntiva: ¿puede el sistema político catalán, que es avalado por el ordenamiento jurídico español, declararse independiente de este, sin que ello sea, como lo considera Madrid, un acto ilegal (de fuerza, pasible de revertirse, también, por la fuerza)?; o, por el contrario, ¿han los catalanes dotado de expresa legitimidad a sus representantes para que decidan por ellos acerca de su "bienestar", por encima de cualquier consideración cerradamente legalista, en un choque entre los órdenes jurídicos estatal-español y el autonómico (tal vez internacional: derechos humanos europeos)? La estrategia internacional dará la clave. Si bien este litigio jurídico-político se decidirá solo entre las partes, el que los secesionistas hayan arrojado el guante con tanta fuerza quizás implique forzar un problema de derechos humanos concerniente a las instituciones europeas -y no solo a la Comisión-, que a su vez facilite, de hecho, la sustitución pacífica de España basada en una voluntad mayoritaria.
Por Tulio Ramos Mancilla
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