Las protestas de muchos ciudadanos colombianos acusados por el Consejo Nacional Electoral de Trashumancia, no se hicieron esperar y fueron efectivas por estos frente a diferentes sedes de la Registraduría del Estado Civil del país; mostrando su incomodidad y exhibiendo pancartas que señalaban les estaban violando el derecho a votar en los sitios que venían acostumbrados; además vociferaban estos ciudadanos: "Estamos pagando justos por trashumantes".
Una cosa es trastearse o dejarse trastear voluntariamente en buses atestados a entes territoriales aledaños a donde reside un ciudadano y otra es el trasteo de cedulas de ciudadanías que se realizan con maniobras diferentes, donde nunca es conocido por el votante. El interrogante que resulta es: ¿Quién o quienes hacen este trasteo de cedulas a otros municipios?
La Misión de Observación Electoral debe profundizar en sus investigaciones y señalar quienes realizan la trashumancia electoral; ya que en ultimas el que queda descubierto claramente es el que intenta o sufraga cometiendo trashumancia. Lo que sí es evidente con este comportamiento es que el ciudadano votante se deja trastear por motivos económicos, vendiendo su voto. Mientras persista esta conducta, ponerle precio al voto existirá este fenómeno; el votante en estas circunstancias quedará inmerso en la comisión de este delito con una pena de prisión entre 4 y 9 años.
La actitud del C.N.E. fue precipitada, recapacitaron, reversaron resoluciones donde acusaban a ciudadanos de trashumancia sin ser esto cierto; ya que atentaban contra miles de ciudadanos con derecho a votar y quienes no tenían que ver con esta anomalía. El C.N.E., sin fundamentos ejerció funciones de manera precipitada y por esta decisión que tomaron debieran cuestionarse a sus magistrados. Las investigaciones si en verdad quisieron hacerlas y solucionar el problema oportunamente, debieron haberlas iniciado momentos seguidos a la presencia inocultable de buses foráneos que trasteaban, transportaban votantes; donde las trashumancia quedaba en evidencia, pero no, las autoridades se mostraron ciegas, sordas y mudas y los organismos de control hicieron lo mismo, fueron complacientes.
Un caso de los muchos presentados, donde ciudadanos expresaron su inconformidad con la trashumancia sucedió en el municipio de Candelaria - Atlántico, quienes han manifestado que los desconocidos que fueren a votar a su municipio los sacarán de las filas de los puestos de votación y los cogerán a palo; desde ya se están aprovisionando de garrotes; esta es una población donde todos sus habitantes se conocen y muestran esta intención desde ya en contra de esa perversa conducta.
La Ley penal colombiana tipifica determinadas conductas que pueden ser cometidas por cualquier ciudadano en una contienda electoral con el objeto de proteger el derecho al sufragio. Son 11 los delitos que señala el código penal colombiano, uno de ellos fue el tratado en esta oportunidad, también conocido como fraude a inscripción de cédulas de ciudadanías, trasteo de votos o trashumancia.