Cuatrienio

Hoy 10 de junio de 2015, se cumplen los cuatro años previstos desde la promulgación de la ley 1448 de 2010 para que las víctimas del conflicto armado interno rindan declaración de su condición, a ver si se les incluye, por parte del Estado colombiano, en el registro montado al efecto.

La consecuencia de tal inclusión, por efectuarse o no a partir de la verificación de la verosimilitud de los hechos que presumiblemente han convertido en víctimas a los declarantes (hechos que, para empezar, deben haber ocurrido después del 1º de enero de 1985), tiene que ver con el otorgamiento a ellos de subsidios, y eventualmente, de indemnizaciones. Todo, dentro del marco de la racionalidad del gasto, se entiende.

Analizar las resoluciones que aprueban o deniegan el ingreso al registro mencionado es un verdadero ejercicio de paciencia, especialmente en lo que tiene que ver con las "libres" valoraciones probatorias que se hacen en la entidad respectiva, la Unidad de Víctimas -suerte de apócope de un pomposo título que, como de costumbre en estos casos, no dice nada-. Sin embargo, lo más importante en relación con ello es el espectro demarcado allí de lo que debe considerarse como "víctima", y, en particular, lo que debe considerarse como "conflicto armado".

La definición académica bajo la que intenta ampararse el Estado para tomar sus decisiones administrativas es la manida que vincula ciertos hechos de violencia a "un problema político" entre fuerzas de derecha, izquierda, y el Ejército.

Una solución rápida, que no por práctica deja de ser superficial. ¿Qué diablos es el problema político en Colombia, qué es la delincuencia común, qué es una banda criminal, y qué es el narcotráfico? Si en este país todo esto ha estado y está mezclado, ¿cómo podemos limitar la existencia oficial de, por ejemplo, una masacre familiar, a factores que ya no se pueden probar judicialmente, y que menos lo podrían hacer las casi siempre iletradas víctimas? Ah, los recursos... La plata, que no es infinita, y que no está para dar subsidios a todo el mundo, dicen los gerentes. Ahora bien, pregunto, si esta política asistencialista no es del todo de recibo en el Estado, ¿para qué implementarla así, parcialmente? La respuesta sobra.

Tanto el avivato que se las arregla para aparecer como dueño del subsidio, aprovechándose de la ignorancia de la gente para tender redes clientelistas, como el que no es víctima del conflicto -o que lo es de otra cosa-, son la contracara de la realidad de muchas de las verdaderas personas que deberían recibir una mano para volver a levantarse, y que nunca la recibirán.

Pues ni hoy, ni después de hoy, declararán su estado, fundamentalmente por miedo. No existe migaja subvencionada lo suficientemente valiosa para arriesgar la vida otra vez, piensan. Tienen razón.

Plugin Commentarios de Facebook