El conflicto armado afectó a más de 80.000 personas en Colombia durante el primer semestre de 2026 entre desplazamientos forzados y confinamientos, expresando en forma muy preocupada la persistencia de la crisis humanitaria en varias regiones del país, mientras en el país se persiguieron falsos objetivos como la famosas y fracasada paz social.
Entre enero y junio se presentaron más 83 situaciones de desplazamiento forzado masivo, que dejaron 15.960 personas afectadas, y 44 situaciones de confinamiento que restringieron la movilidad de otras 64.787, principalmente en los departamentos de Norte de Santander, en la frontera con Venezuela, y Cauca y Nariño, en el suroeste.
Estas emergencias se atribuyen principalmente a amenazas, combates, ataques con drones, actos terroristas y enfrentamientos entre grupos armados, fenómenos que continúan afectando de manera desproporcionada a comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas en distintas regiones del país, que no tuvieron la posibilidad de ayuda de las Fuerzas Militares, por las diversas instrucciones que dio el Presidente Petro, en donde deja maniatada la fuerza pública para defender a los colombianos.
Hay que advertir que estas dinámicas muestran que la crisis humanitaria continúa profundizándose en los territorios más afectados por el conflicto armado y se debe fortalecer las medidas de prevención y protección para las comunidades expuestas a la violencia.
Desde hace dos meses, se sitúa a Colombia como el segundo país del mundo con mayor número de desplazados internos por conflictos, con 7,2 millones de personas al cierre de 2025, solo por detrás de Sudán, en forma lamentable, situación que poca atención ha merecido del gobierno central.
Otra de las circunstancias dolorosas son los 10.936 niñas, niños y adolescentes que hicieron tránsito irregular por Colombia en el primer semestre de este año, lo que representa el 21,1 % de los 51.938 migrantes registrados en ese periodo; el flujo migratorio irregular disminuyó un 38,2 % frente al mismo semestre de 2025 y el 98,8 % de las personas en tránsito eran de nacionalidad venezolana. Se puede atribuir esta reducción al endurecimiento de las políticas migratorias en los países del norte del continente, que han desincentivando el tránsito por Colombia hacia Centroamérica y Estados Unidos.
Se debe insistir en la necesidad de fortalecer las rutas de protección para la población desplazada y migrante, con especial atención a la niñez, las comunidades étnicas y las personas expuestas a riesgos por el conflicto armado, e instar a las autoridades a coordinar respuestas humanitarias oportunas en las zonas más afectadas.
