Ante la falta de un gobierno que pudiera asegurar y responder por la vida de los colombianos. más de 850 organizaciones sociales agrupadas en la plataforma Coordinadora Humanitaria hicieron un llamado al futuro gobierno de Abelardo De La Espriella, quien tomará posesión el próximo 7 de agosto, para que la protección de la población civil sea el eje de su política de seguridad.
Esta petición surge porque a través de los últimos cuatro años los colombianos han sido víctimas de todo tipo de atropellos e inseguridades que no pudieron ser atajados por las autoridades pertinentes, quienes en su mayor parte, como la Policía y el Ejército tenían “las manos amarradas” para hacer cumplir la ley. En medio de todo este desbarajuste de cuatro años, las principales fuerzas del Estado, fueron diezmadas, económica y moralmente, amén del sacrificio de los soldados en una guerra en donde enfrentaron a un enemigo muy poderoso, apoyado por el gobierno de turno.
El pronunciamiento de las organizaciones públicas es más que una manifestación a una respuesta al conflicto armado que no puede seguir dependiendo exclusivamente de estrategias militares; se hace necesario una presencia integral del Estado en los territorios más afectados por la violencia, que fueron abandonados a la buena de Dios y que estuvieron azotados por la furia de los insurgentes al margen de la ley.
Una de la prioridades del gobierno de De La Espriella es acudir al llamado de la ciudadanía que está respaldado por las cifras del reporte humanitario de la ONG Vivamos Humanos, según el cual durante el primer semestre de 2026 se registraron 402 eventos asociados con el conflicto armado.De esos casos, 179 correspondieron a hechos contra la vida e integridad personal; 67 estuvieron relacionados con minas antipersona, municiones sin explotar y artefactos explosivos, y 47 consistieron en restricciones a la movilidad, entre otros.
La protección de la población civil no solo puede depender exclusivamente de estrategias militares; sino, también de la fuerza moral, social y ética que tiene un Estado que apoya, con todas sus herramientas a los ciudadanos a su cargo.
Una herramienta puede ser la aplicación del Derecho Internacional Humanitario, DIH, que se constituye en un instrumento para disminuir el impacto de las hostilidades, proteger la misión médica y humanitaria y generar condiciones para avanzar en escenarios de diálogo y construcción de paz.
De la Espriella siempre ha señalado que la seguridad ciudadana será uno de los puntos fuertes de su gobierno y que no habrá más negociaciones de paz con grupos armados ilegales, e incluso anunció que eliminará la figura del Comisionado de Paz, uno de los primeros pasos para reducir el Estado derrochón y burocrático en que han convertido a Colombia.
Vale la pena recordar que durante los últimos años las organizaciones sociales han construido una infraestructura humanitaria conformada por mesas humanitarias, acuerdos, mecanismos comunitarios de monitoreo, sistemas de alertas tempranas y procesos de diálogo territorial, que ahora deben ser tenidas en cuenta por los ministerios de Interior, Justicia y Defensa, quienes asumirán desde el próximo siete de agosto, las funciones de la Oficina del Comisionado para la Paz.
Es así que estos mecanismos deben fortalecerse durante el próximo gobierno y consolidarse como una política pública permanente orientada a la protección de la población civil.
De igual forma, el Ejecutivo debe construir un diseño de una política de seguridad centrada en la protección de las comunidades afectadas por el conflicto armado, quienes son las más afectadas en todo este proceso de violencia que vive Colombia
