El proceso contra el exgobernador del Magdalena fue trasladado a Bogotá debido a la gravedad de los testimonios y al fuero que ostentaba el político cuando ocurrieron los supuestos hechos.
La Fiscalía General de la Nación mantiene bajo la lupa al exgobernador del Magdalena y excandidato presidencial Carlos Caicedo, tras una grave denuncia penal en su contra que involucra presuntos delitos sexuales contra una niña de ocho años. El proceso, que inicialmente se abrió en el Caribe colombiano, fue centralizado en la capital del país por fiscales adscritos a la Corte Suprema de Justicia, dada la naturaleza del caso y la investidura que ostentaba el político en el momento de los supuestos hechos.
El expediente, que recopila evidencias electrónicas como chats y archivos de audio, detalla una serie de conductas delictivas recurrentes. Según el relato de la madre de la víctima, los hechos habrían alcanzado un punto crítico a mediados de julio de 2023 en un inmueble de Santa Marta. En esa ocasión, la mujer descubrió una escena explícita que dejaba en evidencia al exmandatario ante la menor, lo que desató una fuerte confrontación posterior.
De acuerdo con las declaraciones que reposan en el caso, el comportamiento del dirigente político incluía presiones continuas para propiciar encuentros con la niña, para lo cual enviaba transferencias económicas y ejercía manipulación psicológica. Las revelaciones posteriores de la menor a su familia sugieren que este patrón de conducta se habría repetido previamente bajo distintas excusas e, incluso, habría afectado a otras adolescentes de la región.
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Coacción, amenazas y desplazamiento forzado
La gravedad del expediente aumenta con las acusaciones de violencia colateral contra las denunciantes. La madre de la menor aseguró haber sido blanco de agresiones físicas y amenazas de muerte por parte de Caicedo tras haberlo descubierto. Estas agresiones e intimidaciones forzaron el posterior desplazamiento y ocultamiento de la familia para salvaguardar su integridad ante el asedio personal y laboral.
El entorno político de Caicedo también ha resultado salpicado en las indagaciones judiciales. El testimonio de la denunciante señala de forma directa a Virna Johnson, exalcaldesa de Santa Marta, quien supuestamente intervino en el conflicto citando a la madre para disuadirla de acudir a los tribunales, instándola en su lugar a buscar refugio espiritual y facilitando llamadas directas con el acusado.
Julián Quintana, exdirector del CTI y actual representante legal de las víctimas, enfatizó que la prioridad absoluta es la protección de la familia afectada debido al enorme poder e influencia regional del acusado en Santa Marta. Hasta el momento, ni Caicedo, quien ya arrastra otras causas por acoso y presunta corrupción, ni la exalcaldesa Johnson han emitido respuestas oficiales ni declaraciones ante los medios de comunicación.
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