Sin duda alguna, sin titubeos y sin miedo, se debe actuar para salvar la patria, que esta en peligro por estos últimos cuatro años nefastos del gobierno de Gustavo Petro, que ha sido incapaz de generar, siquiera un clima de paz y tranquilidad en los colombianos, que muy bien definen este periodo presidencial, como uno de los más nefastos en la historia de la democracia en Colombia.
Hay muchas razones para enfrentar a Gustavo Petro con la justicia colombiana; el mandatario saliente, Gustavo Petro, debe ser juzgado y el presidente electo, Abelardo De La Espriella, debe denunciar las presuntas irregularidades que encuentre durante la revisión de la información entregada por el Ejecutivo saliente, así como lo prometió en su campaña presidencial.
Ante esto el mandatario electo ha sido absolutamente claro; Petro debe ser juzgado por que llegó el cambio de época que estamos viviendo y que tiene un límite con la impunidad.
Existen denuncias contra el presidente saliente que siguen su curso en la institucionalidad colombiana, entre ellas una presentada ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara por el caso de los llamados pozos de Caquetá, relacionado con la actuación del Gobierno durante el secuestro de decenas de policías por disidencias de las Farc en 2023. Y esta es la punta del iceberg para desmantelar un gobierno corrupto y descompuesto.
Muchos contradictores del presidente electo quieren desvirtuar la realidad para crear dudas, que no las hay. El propósito del denominado empalme anticorrupción no es perseguir políticamente al gobierno saliente, sino cumplir con la obligación legal de reportar los hallazgos que puedan constituir delitos. Cuando un funcionario público se encuentra un hecho delictivo, está obligado a denunciarlo; el equipo de transición pondrá en conocimiento de las autoridades cualquier posible irregularidad que detecte en las entidades del Estado.
Aquí entonces vale la pena defender la estrategia del equipo de transición, conocido como el "Arca de Noé", que comenzó a prepararse siete meses antes de las elecciones ante la posibilidad de que no hubiera coordinación con el Gobierno saliente debido a la lejanía y la hostilidad política del mismo.
Otra de las intervenciones a tener en cuenta es la posibilidad de promover cambios en la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, calificada como un monstruo presupuestal, monstruo burocrático y monstruo de ineficiencia, desde el momento en que fue creada en el gobierno de Juan Manuel Santos.
Lo que tranquiliza a los colombianos es que presidente electo dispondrá desde el 7 de agosto de centenares de proyectos normativos y decretos preparados para el inicio de su gobierno y será precisamente los de la lucha contra la corrupción, uno de los primeros en recibir la firma presidencial, para su ejecución.