La Procuraduría General de la Nación también sancionó a la exsecretaria de Hacienda y a 11 exconcejales por aprobar un acuerdo que ordenaba el cobro de un tributo antes de que la norma que lo autorizaba entrara en vigencia.
La Procuraduría General de la Nación sancionó en fallo de primera instancia con tres meses de suspensión a la exalcaldesa de Puerto Rico, Meta, Diana María Navarro Cifuentes, tras encontrar irregularidades en la aprobación del acuerdo mediante el cual se creó la estampilla destinada a financiar la justicia familiar en el municipio.
La decisión disciplinaria también cobija a la exsecretaria de Hacienda, Yeimy González Camacho, y a los exconcejales Elizabeth Ríos Córdoba, Rogelio Gallego García, Gustavo Riaño Ramírez, Carlos Arturo Serna García, Edwin Alexander García Martínez, Luis Fernando Guzmán Vásquez, Óscar Ortiz Aranguren, Ricardo Bazurdo Flórez, César Augusto Marín Palacio, William Alexander Ospina Vargas y Marlon Alexis Moreno Cardona.
Según estableció el Ministerio Público, los exfuncionarios aprobaron e impulsaron una iniciativa que ordenaba el cobro de la estampilla desde enero de 2022, pese a que la norma que autorizaba legalmente la creación de este tributo territorial solo entraría en vigencia a partir de agosto de 2023, configurándose así una actuación contraria al marco legal.
Recursos destinados al fortalecimiento de las Comisarías de Familia
La Procuraduría explicó que la estampilla tiene como propósito fortalecer las Comisarías de Familia, mediante inversiones en infraestructura, talento humano, conectividad y dotación tecnológica, con el objetivo de mejorar la atención y protección de las víctimas de violencia intrafamiliar y de género.
No obstante, el organismo de control concluyó que la administración municipal y el Concejo adelantaron el proceso de cobro sin contar con la autorización legal vigente, motivo por el cual impuso las respectivas sanciones disciplinarias.
La Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Villavicencio precisó además que, si los sancionados ya no se encuentran desempeñando cargos públicos, la suspensión será convertida en el equivalente a salarios básicos mensuales, de conformidad con lo establecido en la normativa disciplinaria.
La decisión corresponde a un fallo de primera instancia, por lo que aún podrán surtirse los recursos previstos dentro del proceso disciplinario.
