La medida ha generado un fuerte rechazo al ser interpretada como un obstáculo para la denuncia de delitos electorales en tiempo real.
Una nueva directriz del Ejecutivo ha desatado una ola de críticas en los sectores de supervisión y vigilancia en Colombia. A través del Decreto 0188 del 2026, firmado por el Ministro del Interior, más específicamente en el artículo 14, se ha establecido que los funcionarios de los organismos de control no podrán utilizar teléfonos celulares, cámaras fotográficas o de video en los puestos de votación entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m.
Esta normativa, orientada inicialmente a prevenir el fraude electoral por parte de los sufragantes, ha sido extendida en esta ocasión a los delegados de la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía y las personerías, quienes desempeñan un papel crítico en la detección de irregularidades el día de los comicios.
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El foco de la polémica radica en que estos funcionarios son los encargados de recibir y tramitar quejas sobre posibles delitos electorales, como la compra de votos o el constreñimiento al elector, y al ser privados de sus dispositivos móviles, se anula la posibilidad de reportar incidentes de manera inmediata, documentar pruebas audiovisuales o coordinar acciones urgentes con sus respectivas sedes centrales.
Diversos sectores han calificado la medida como un intento de "amordazar" a los vigilantes del proceso. Argumentan que, mientras los testigos electorales y los medios de comunicación mantienen ciertas libertades bajo acreditación, los funcionarios que representan al Ministerio Público quedan en una situación de incomunicación que podría vulnerar la transparencia del proceso democrático.
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El decreto oficial justifica estas restricciones bajo la necesidad de mantener el orden público y evitar cualquier interferencia que comprometa el secreto del voto o la seguridad en las mesas. Sin embargo, el documento aclara que los dispositivos podrán ser utilizados sin restricciones solo después del cierre de las urnas para las labores de escrutinio y reporte de resultados.
La implementación de esta regla para las próximas elecciones de Congreso y Presidencia ha puesto en alerta a las autoridades de control, quienes advierten que la efectividad de su labor depende, en gran medida, de las herramientas tecnológicas que hoy les han sido restringidas por orden presidencial.