Denuncian que estuvieron presionando a los campesinos engañados para que votaran por el candidato del gobierno nacional Iván Cepeda.
El acto que se cumplió el pasado 2 de junio de 2024, víspera del Día del Campesino, para que el presidente Gustavo Petro anunciara la entrega de 658,1 hectáreas de tierra fértil a 50 familias asociadas a la Asociación de Productores Agrícolas de Santa Bárbara de Pinto, Asopresab, y Asociación Campesina Agropecuaria, Acuícola y Pesquera de Santa Bárbara de Pinto, Agrocapin, no pasó de ser un simple anuncio.
El predio, identificado con el nombre de “Yajaira”, fue comprado por el gobierno nacional al señor Raúl Botero, por intermedio de la ANT en cabeza del entonces director nacional Felipe Harman, para beneficiar a 50 familias campesinas, 30 asociadas a Asopresab y 20 a Agrocapin.
Aquí se siente la realización de la justicia social. La posibilidad de que un gobierno ayude a que la población excluida tenga su espacio. El conflicto armado en los últimos 75 años tiene que ver con la desigualdad alrededor de la tierra. El de Raúl Botero no es un simple acto mercantil, sino que expresa un espíritu de construcción de paz. Esto fue un acuerdo local que se podría convertir en un gran acuerdo nacional”, dijo en su momento el presidente Gustavo Petro.
Mientras que el director nacional de la ANT, Felipe Harman, se refirió a la compra de las tierras como parte de la reforma agraria de Petro: “La justicia social cuesta, merece un esfuerzo del Estado, porque en el alma de los colombianos está el corazón noble del campesino”.
Dos años después, la finca se encuentra abandonada y una parte utilizada de alquiler para el sostenimiento de ganado vacuno, en poder de particulares, aparentemente personas pudientes de la región que ni siquiera figuran como socios de las asociaciones a las que aparentemente se les adjudicarían las tierras.
Ni Pedro Martínez Valencia, un campesino de 72 años, representante de Asopresab, ni mucho menos Aleidis Mercedes Terán Reyes, una mujer desplazada víctima del conflicto armado, integrante de Agrocapin, aparecen en la lista de los supuestos 30 campesinos beneficiados con la adjudicación del predio.
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La “trampa” quedó al descubierto cuando la subdirectora de acceso a tierras en zonas focalizadas de la ANT, Lilia María Rodríguez Albarracín, respondió en un derecho de petición que, “destacamos que el Registro de Sujetos de Ordenamiento (RESO), creado por el Decreto Ley 902 de 2017, es una herramienta para identificar a las personas o entidades que pueden ser beneficiarias de los predios del Fondo de Tierras en el marco de la Reforma Rural Integral. Este registro reúne la información de los aspirantes, incluyendo datos personales, núcleo familiar, requisitos y puntaje, con el fin de organizar y planear la asignación de tierras. El puntaje se otorga según criterios establecidos y refleja la situación del aspirante al momento de la valoración. El acto administrativo de inclusión en el RESO únicamente confirma la inscripción en este registro y no significa la adjudicación de tierras ni otorga derechos adquiridos, pues su finalidad es servir como instrumento de planeación y no de entrega directa de predios”.
Sin embargo, en poder de los campesinos reposa un listado de 30 beneficiarios encabezado por el señor Roger Elías Del Catillo Sinning, Leonor Andrade Acuña, Linda Esther Miranda Duran, Luis Delio Gómez Ospino y que finaliza con Ángel Gregorio Sinning.
El colmo de la desgracia de estas familias campesinas de Santa Bárbara de Pinto, engañadas por el presidente Petro, es que ahora los estuvieron presionando para que votaran por el candidato del gobierno, Iván Cepeda, bajo la condición de que ahora sí les adjudicarán las tierras, de lo cual acusan a la senadora electa del Pacto Histórico, Carmen Patricia Caicedo Omar. La señora Caicedo Omar figura en la denuncia hecha por el candidato Abelardo De la Espriella por compra de votos para Iván Cepeda, en compañía de su hermano Carlos Caicedo Omar.
