El abogado Víctor Mosquera radicó una denuncia penal en la que acusa al jefe de Estado de realizar señalamientos y expresiones hostiles contra el senador y precandidato presidencial del Centro Democrático.
El presidente Gustavo Petro fue denunciado penalmente ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes por el presunto delito de hostigamiento, según lo establece el artículo 134B del Código Penal. La acción judicial fue interpuesta por el abogado Víctor Javier Mosquera Marín, apoderado del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien recientemente fue víctima de un atentado armado en el que recibió dos disparos en la cabeza.
Según la denuncia, el jefe de Estado ha sostenido un comportamiento sistemático en redes sociales —especialmente desde su cuenta oficial en X— en el que ha dirigido expresiones hostiles, descalificaciones y señalamientos infundados contra el senador Uribe Turbay, a quien ha vinculado discursivamente con “el régimen del terror” y estructuras del pasado asociadas con violaciones de derechos humanos.
“El uso del discurso no es inocuo ni neutro cuando proviene del poder: construye realidades sociales, estructura el marco cognitivo de la población y puede habilitar escenarios de exclusión o violencia física”, advierte el abogado Mosquera, quien ostenta un doctorado en Derecho Internacional Público y formación especializada en crímenes de odio y derechos humanos.
En el documento, que consta de siete páginas, se sostiene que la narrativa impulsada desde la Presidencia ha contribuido a generar un entorno social y político hostil contra el senador, lo cual, según el apoderado, habría favorecido el atentado sufrido por Uribe el pasado 7 de junio en Bogotá.
“La conducta discursiva del presidente configura un patrón de hostigamiento institucionalizado que, al deslegitimar a una figura pública por motivos ideológicos, produce consecuencias reales y objetivamente verificables en su entorno de seguridad personal”, se lee en la denuncia.
Mosquera solicita que la Comisión impulse con carácter urgente la investigación, argumentando que la vida e integridad de su defendido siguen en peligro. Además, sustenta la acusación con referencias al derecho internacional y a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Penal Internacional y casos emblemáticos como el de la Radio Mille Collines en Ruanda, para argumentar que no se requiere una instrucción explícita de violencia para que haya responsabilidad en discursos de odio.
Finalmente, señala que la conducta del mandatario no puede considerarse solo polémica o desafortunada, sino que representa una forma de violencia institucional con efectos potencialmente criminales.
Miguel Uribe permanece internado en la Fundación Santa Fe, donde su estado es grave y su pronóstico neurológico reservado.
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