Los productores aseguran que cerca de 300 familias enfrentan procesos judiciales que ponen en riesgo sus predios y solicitaron la intervención del Gobierno Nacional para revisar las actuaciones de la Agencia Nacional de Tierras y la Unidad de Restitución de Tierras.
Un grupo de familias cafeteras del corregimiento de Palmor, en la Sierra Nevada de Santa Marta, hizo pública una denuncia en la que cuestiona las actuaciones de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la Unidad de Restitución de Tierras (URT), entidades a las que responsabilizan de adelantar procesos que, según afirman, amenazan la permanencia de cerca de 300 familias en los predios donde han desarrollado la actividad cafetera durante varias décadas.
A través de un comunicado firmado por las Familias Cafeteras Ancestrales de Palmor, las juntas de acción comunal y el Comité de Defensa de Palmor, los productores señalaron que la falta de acompañamiento institucional contrasta con las acciones judiciales que, aseguran, hoy enfrentan en el marco de procesos relacionados con la restitución de tierras.
Los caficultores sostienen que muchas de las familias poseen escrituras y títulos de propiedad con más de 50 años de antigüedad, además de haber consolidado la economía cafetera de la zona sin contar, según indican, con un acompañamiento permanente del Estado en materia de infraestructura, formalización de tierras o inversión social.
Cuestionamientos a la ANT y la URT
En el pronunciamiento, las familias manifiestan que la Agencia Nacional de Tierras no ha cumplido con su misión de formalizar la propiedad rural y aseguran que antes del inicio de los procesos judiciales no se realizaron visitas técnicas, caracterizaciones de los predios ni acercamientos con las comunidades campesinas.
Asimismo, cuestionan las actuaciones de la Unidad de Restitución de Tierras al considerar que las demandas presentadas contienen afirmaciones que rechazan y que, según expresan, afectan la reputación de los productores cafeteros y generan incertidumbre sobre la propiedad de los predios.
Los firmantes sostienen que no se oponen a los procesos de reparación de las comunidades indígenas, pero consideran que las decisiones adoptadas por las entidades competentes han generado un conflicto entre campesinos e indígenas que, aseguran, no existía anteriormente en Palmor.
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Piden intervención del Gobierno Nacional
En el documento, las familias solicitan la presencia de una comisión de alto nivel integrada por representantes del Gobierno Nacional, la Defensoría del Pueblo, la Iglesia y los medios de comunicación para verificar la situación en el territorio y revisar la documentación correspondiente a los predios involucrados en los procesos.
También pidieron a la Fiscalía General de la Nación y a los organismos de control investigar las actuaciones de los funcionarios que intervienen en estos casos y evaluar las denuncias relacionadas con los procedimientos adelantados por las entidades.
Los productores aseguran que las medidas cautelares decretadas dentro de algunos procesos les han impedido vender sus predios, acceder a créditos y realizar inversiones para mantener la producción, situación que, afirman, está afectando la economía de numerosas familias cafeteras.
Cafeteros piden garantías para permanecer en sus tierras
Las organizaciones firmantes reiteraron que su principal petición es que se respeten los derechos de las familias campesinas que aseguran haber habitado y trabajado legalmente estas tierras durante décadas, al tiempo que solicitaron que cualquier proceso relacionado con restitución o formalización tenga en cuenta la realidad social y productiva del corregimiento.
Finalmente, hicieron un llamado al Gobierno Nacional para abrir espacios de diálogo que permitan construir soluciones concertadas entre las comunidades campesinas, las comunidades indígenas y las entidades del Estado, con el propósito de evitar una mayor conflictividad en la Sierra Nevada de Santa Marta.
Al cierre de esta edición, la Agencia Nacional de Tierras (ANT), la Unidad de Restitución de Tierras (URT) y el Ministerio de Agricultura no se habían pronunciado sobre las denuncias realizadas por las Familias Cafeteras Ancestrales de Palmor.