La firma ‘Aldesarrollo’ el año pasado, bajo la dirección del vallecaucano Moisés David Hernández, facturó más de $123 mil millones en contratos. Este año, con la representación legal de Omar Enrique Flórez Escorcia, nada más en Soledad y Santa Marta ya lleva facturados contratos por más de $13 mil millones. El contrato de Santa Marta es para el fortalecimiento técnico y socio empresarial de los Kogui.
El año pasado, bajo la dirección del cuestionado vallecaucano Moisés David Hernández, de la cuerda política de Roy Barrera, la firma Alianza Pública para el Desarrollo Integral, Aldesarrollo, facturó más de 123 mil millones de pesos en contratos estatales, eso sin contar lo facturado desde el 2017, año en que fue creada bajo el amparo de dirigentes del partido de la U.
En ese año tanto la revistas Semana como Cambio publicaron informes que daban cuenta del poder de contratación de esta firma a nivel estatal, tanto que una de ellas la calificó como la empresa de mayor prosperidad económica en el país.

Con tan solo tres contratos que firmó en menos de mes y medio (del 7 de noviembre al 18 de diciembre de 2023) con la Escuela Superior de Administración Pública, Esap, que sumaron un poco más de 1.900 millones de pesos. De un momento a otro pasó a facturar miles de millones de pesos. Sólo en los primeros siete meses de 2023 firmó con diferentes entidades del Estado contratos que suman más de 124.000 millones, lo que refleja un incremento superior al 6.000 por ciento en apenas seis años.
Hasta 2023 había tenido más de 300 contratos con el Estado, para objetivos que van desde la instalación de energía fotovoltaica y la digitalización de documentos hasta la capacitación de funcionarios, incluso obtuvo uno de los contratos cuestionados del Ministerio del Deporte por 5 mil millones de pesos para el diagnóstico de la implementación de la biometría en los estadios del país. Hasta en la Registraduría y la Procuraduría firmó contratos que también recibieron duros cuestionamientos.
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Al ser una entidad sin ánimo de lucro, pública y descentralizada de carácter académico cuenta con autonomía universitaria, debido a que está sujeta a un régimen especial regido por el derecho civil y comercial. En la práctica, tiene la facultad de regirse por sus propios estatutos, es decir, sus decisiones se separan de la injerencia gubernamental. Para algunos abogados expertos en contratación con esa figura se facilita el contratar, pero se dificulta el control de los mismos dineros una vez ingresan a la entidad.
Con Omar Flórez
Este año 2024, ‘Aldesarrollo’ ya lleva facturados más de 13 mil millones de pesos solamente en dos contratos uno en Soledad Atlántico y otro en Santa Marta.
Lo curioso es que en estos dos contratos quien aparece como representante legal de Aldesarrollo es Omar Enrique Flórez Escorcia, el mismo representante legal de la firma Red Summa, una entidad que recientemente obtuvo un contrato millonario con la Procuraduría General de la Nación, contrato valorado en 9.210 millones 600 mil pesos, para prestar servicios de “educación informal dirigida a los servidores del Ministerio Público”.
Es importante señalar que Red Summa está siendo investigada por corrupción por el mismo ente que le otorgó el contrato. Además, en 2023, Flórez Escorcia presentó una propuesta ante la rama judicial con la Unión Temporal Sintonizar Medios S.A.S., siendo su representante legal. Sintonizar Medios S.A.S., aliada de Red Summa, también ha estado relacionada con casos de presunta contratación irregular y corrupción . En resumen, la situación plantea interrogantes sobre la transparencia y la elección de proveedores por parte de la Procuraduría.
En Soledad Flórez Escorcia firmó el contrato adjudicado a Aldesarrollo por la suma de 9.515 millones de pesos, para la actualización catastral de ese municipio del Departamento del Atlántico. Mientras que, en Santa Marta, el mismo representante legal acaba de firmar a nombre de la misma firma un contrato por la suma de 3.302 millones de pesos para el “fortalecimiento técnico y socio empresarial en la producción agrícola para la seguridad alimentaria de las comunidades Kogui en el Distrito”.