El cupo de crédito aprobado al gobernador llevaría al departamento a la quiebra. El crédito seria pactado en 3 desembolso, el primero por 50 mil millones, el segundo por 100 mil y el tercero por 150 mil. El grueso del dinero seria entregado en plena campaña electoral, riesgo que según la diputada Marta García no se puede correr en un departamento tan pobre.
La presidenta de la Asamblea departamental del Magdalena, Rosa Hilaria Jiménez, habría sido quien promovió una especie de saboteo a la sesión en la que la mayoría de la corporación aprobó en segundo debate el proyecto de ordenanza que autoriza al gobernador Rafael Martínez un cupo de crédito por 300 mil millones de pesos.
Según los diputados de la minoría, la presidenta Rosita Jiménez, abandonó varios minutos la mesa directiva y el recinto de la corporación en momentos en que la diputada Marta García exponía las razones por las cuales se oponía a la aprobación del proyecto de ordenanza, violando el principio de las asambleas departamentales, de ejercer el control político a la administración pública.
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La diputada García aseguró al terminar la sesión que, “quedó demostrado que el departamento no tiene la capacidad de endeudamiento para 300 mil millones de pesos, por información enviado por ellos mismos a través de la pagina de la Contraloría General, que es el consolidado de hacienda de la administración pública; teniendo en cuenta esas cifras no dan los indicadores de solvencia esta por encima del 60% año y no dan los indicadores de sostenibilidad que superan los 200% y solo pueden ser hasta el 100%”.
Marta García, al igual que Mallath Martínez y Angela Cedeño, fueron las únicas diputadas que al final quedaron en minoría, pues Johan Pinedo Panetta, que hace parte de la coalición Magdalena Grande, que encabeza el Centro Democrático, terminó en la mayoría y votando positivamente el proyecto de endeudamiento presentado por el gobernador Rafael Martínez. Johan Pinedo es el esposo de Elizabeth Molina, exdiputada en el periodo pasado que más cuestionó y fustigo a la administración del exgobernador Carlos Caicedo.
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“Está totalmente demostrado la ilegalidad de proyecto, porque hubo una adulteración inicialmente de los ingresos corrientes que oscilan en los 186 mil millones y ellos los inflan en 290 mil millones de pesos, además los intereses que ellos calculan en 13 mil millones para el año 2024, ascienden con el nuevo empréstito a 31 mil millones”, anotó la diputada Marta García quien además anuncio que demandara la ordenanza.
