La Contraloría General de la República advirtió sobre posibles riesgos fiscales, presupuestales y contractuales tras identificar un incremento en la contratación pública durante las últimas semanas del Gobierno de Gustavo Petro.
De acuerdo con el informe presentado por el organismo de control, entre el 22 de junio y el 21 de julio de 2026 se suscribieron 14.414 contratos por un valor cercano a $4,55 billones, cifra que representa un aumento del 22,5 % frente al mismo periodo de hace cuatro años.
Según la entidad, el monto comprometido en estos contratos equivale aproximadamente al costo total del proyecto del Túnel del Toyo, una de las obras de infraestructura más importantes del país.
Uno de los puntos que generó mayor preocupación fue el crecimiento de la contratación directa. Durante ese periodo se celebraron más de 11.000 contratos bajo esta modalidad, situación que llevó a la Contraloría a solicitar mayor vigilancia sobre los procesos y los compromisos adquiridos.
🚨La @CGR_Colombia activó una Función de Advertencia dirigida al Gobierno Nacional y al @MinHacienda, como gestor fiscal central del Presupuesto General de la Nación, tras identificar riesgos presupuestales, financieros y contractuales que podrían comprometer la sostenibilidad… pic.twitter.com/aKRzyCz7z0
— Contraloría General de la República de Colombia (@CGR_Colombia) July 27, 2026
El organismo de control señaló que cualquier decisión relacionada con nuevos compromisos financieros debe contar con una fuente cierta de financiación, disponibilidad efectiva de recursos y garantías de sostenibilidad fiscal.
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La Contraloría advirtió que asumir obligaciones sin estos respaldos podría aumentar las presiones sobre la caja del Gobierno Nacional, afectar el equilibrio del Presupuesto General de la Nación, elevar las necesidades de endeudamiento y generar riesgos sobre el patrimonio público.
Dentro de la Función de Advertencia emitida, la entidad identificó siete factores de riesgo que requieren seguimiento permanente, debido a su posible impacto en la sostenibilidad fiscal y en la eficiencia del gasto público.
La Contraloría indicó que continuará monitoreando estos procesos con el objetivo de prevenir afectaciones a las finanzas públicas y garantizar un adecuado manejo de los recursos del Estado.
