La comisión fue realizada en atención a la alerta emitida por la Defensoría del Pueblo en la que expuso el riesgo con base a la disputa del territorio por parte de grupos armados.
La Alcaldía Distrital de Santa Marta, a través de la Secretaría de Gobierno, llevó a cabo la sesión de la Comisión Intersectorial para dar respuesta a la alerta temprana 030 emitida por la Defensoría del Pueblo, con relación a los posibles riesgos electorales de cara a la jornada del próximo 29 de octubre.
Al respecto, la alcaldesa Virna Jonhson recordó que el pasado 11 de agosto advirtió a la procuradora general de la nación, Margarita Cabello y a los Magistrados del Consejo Nacional Electoral que en la Secretaría de Gobierno se han recibido quejas de la ciudadanía sobre actividades de constreñimiento electoral en veredas y corregimientos de la Sierra Nevada de Santa Marta, razón por la cual, recomendó a la Defensoría del Pueblo actualizar su alerta temprana en materia electoral.
El 23 de agosto de 2023, la Defensoría del Pueblo expidió la alerta temprana 030 en la cual identificó que 399 municipios en el país se encuentran en riesgo extremo y alto de que ocurran hechos de violencia que afecten el proceso electoral del próximo 29 de octubre, entre ellos el Distrito de Santa Marta.
Esta nueva alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo advierte de la presencia de dos grupos armados organizados (GAO) que disputan el control de las rentas ilícitas en el territorio de la Sierra Nevada de Santa Marta y el control del corredor de la Troncal del Caribe.
El análisis del contexto que efectúa la Defensoría y las recomendaciones presentadas en la alerta 030 coinciden plenamente con las preocupaciones que se han venido advirtiendo desde la Alcaldía Distrital de Santa Marta, situación que obliga a las autoridades a asumir los compromisos necesarios para garantizar que el debate electoral del próximo 29 de octubre se desarrolle con plenas garantías para el ejercicio del derecho a elegir y ser elegido.
En su intervención, Audes Jiménez, directora de la Unidad para las Víctimas, hizo hincapié en la necesidad de adoptar medias antes, durante y después del 29 de octubre, que garanticen la protección de los ciudadanos que ejercen el derecho a elegir, quienes, de acuerdo a las denuncias recibidas por la esta entidad, vienen siendo sujeto de amenazas y constreñimiento con fines electorales.
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Por su parte, el director seccional de Fiscalías puso a disposición tres fiscales para tramitar las quejas por delitos electorales y uno para atender las denuncias por las amenazas que se han venido presentado; mientras que el comandante del Batallón Córdoba, coronel José Edilberto Lesmes informó que el pelotón de soldados de la Policía Militar que se ofreció para fortalecer la presencia del ejército ya se encuentra patrullando en la Troncal del Caribe, garantizando la presencia de sus efectivos en las principales carreteras que comunican a Santa Marta con el resto del departamento.
A su vez, el coordinador de la Unidad Nacional de Protección informó que se creó un grupo de análisis de riesgo especial para atender y tramitar las solicitudes de protección de los candidatos.
Al término de la sesión, el secretario de Gobierno, José Humberto Torres, reiteró que es necesario que la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior adopte un mecanismo de protección en materia electoral, diseñado para la población, miembros de las Juntas de Acción Comunal, defensores de Derechos Humanos y líderes sociales, especialmente aquellos que sean candidatos o militantes de partidos o movimientos políticos, y pidió al alto comisionado para la Paz avanzar en un acuerdo de cese de hostilidades con los grupos herederos del paramilitarismo que operan en el Distrito, acuerdo que permitiría adelantar en Santa Marta y sus áreas rurales unas elecciones libres y en paz.
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