Sin embargo, la Dirección General de la Policía Nacional, se pronunció a través de un comunicado emitido desde la ciudad de Bogotá, respaldando la actuación de la Policía Metropolitana de Santa Marta, teniendo en cuenta que se ajustó a la Constitución y la ley, como lo dispone las sentencias C-281 de 2017 y C-009 de 2018.
La alcaldesa de Santa Marta, Virna Johnson, rechazó de manera categórica el uso de la fuerza excesiva en el que incurrieron algunos miembros de la Policía Metropolitana para disolver una manifestación pacífica realizada por un grupo de ciudadanos en la glorieta de Mamatoco.
“Estamos en un Estado social de derecho y desde la administración Distrital somos garantes del derecho a la protesta pacífica por lo que consideramos inadmisible la intervención de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo), anteriormente conocida como el Esmad, para levantar la manifestación de los samarios.
Se desarrolló un Puesto de Mando Unificado, Pmu, en el que se monitorearon todas las actividades, y la coronel Adriana Paz, comandante de la Policía Metropolitana, de manera arbitraria ordenó el uso de la (Undmo)” sin el consentimiento de la mandataria distrital” señaló la mandataria. 
Asimismo, precisó que “la coronel Adriana Paz, comandante de la Policía, no me notificó y me aseguró que podía tomar decisiones como esta porque está dentro de sus facultades, desconociendo la instalación del (Pmu). Exijo las investigaciones a que haya lugar de manera inmediata”, manifestó la alcaldesa.
Por su parte, el delegado de la Defensoría del Pueblo y la procuradora regional encargada, Wendy Torres, dieron a conocer que no fueron notificados por parte de la Policía Metropolitana para la verificación del procedimiento, transgrediendo las normas que regulan el ejercicio del derecho a la protesta social, porque no acudieron a las entidades en mención, como lo establece la norma, sino a la Personería Distrital. 
Ante estos hechos, la Procuraduría Regional abrió de oficio las investigaciones correspondientes para esclarecer y aplicar las sanciones a las que haya lugar.
El (Pmu) contó con la participación de la secretaria del Interior Departamental, Anabel Zúñiga; la jefe de la Oficina Paz, Atención a Víctimas y Posconflicto, Nayara Vargas; el secretario de Gobierno Distrital, José Humberto Torres; el secretario de Seguridad, Bladimir Torres; el delegado de la Defensoría del Pueblo, la Procuradora regional, Ejército Nacional y Policía Metropolitana.
Comunicado de la Policía Nacional 
A través de un comunicado, la Dirección General de la Policía Nacional respaldo la actuación de la Policía Metropolitana de Santa Marta, teniendo en cuenta que se ajustó a la Constitución y la ley.
Reza el comunicado que frente a las protestas cuando no existe un aviso previo, que debería haberse presentado con 48 horas de anticipación, tal y como lo dispone las sentencias C-281 de 2017 y C-009 de 2018, hay que tener en cuenta:
- Acudir a lo previsto por la Corte Constitucional mediante la sentencia C-742 de 2012 que declaró exequible los artículos 44 y 45 de la ley 1453 de 2011 que modifica el artículo 353 y crea el articuló 353 A del Código Penal en cuanto a la tipicidad de perturbación y obstrucción de transporte o vías; así como la sentencia C-281 de 2017 que declaró exequible el artículo 53 de la Ley 1801 de 2016 en cuanto al aviso de las 48 horas y disolver las manifestaciones que alteren de manera grave la convivencia y la sentencia C-009 de 2018 que establece los fines ilícitos y el aviso escrito en reuniones y manifestaciones.
- Una manifestación sin aviso que propicie la perturbación del transporte público debe ser disuelta por cuanto imposibilita la circulación y obstaculiza las vías de manera temporal, atentando contra varios bienes jurídicos, ya que las autoridades y la comunidad serían sorprendidas y no tendrían el tiempo suficiente para adecuar procedimientos e informar a transportadores, conductores, transeúntes y sociedad en general que se vería afectada.
