Manifestaciones, entre lo justo y lo impropio

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Escrito por:

Ignacio Pareja Amador

Ignacio Pareja Amador

Columna: Reflector Mundial

e-mail: reflectormundial@yahoo.com.mx

Twitter: @Nacho_Amador 



Las últimas dos semanas a nivel internacional han estado marcadas por un aumento en la tensión social que ha motivado a toda clase de grupos civiles a levantarse en protesta contra sus gobiernos.

Algunas de estas tensiones se han expresado por medio de marchas, bloqueos y manifestaciones que buscaron influenciar al grupo en el poder en contra de políticas públicas de orden económico y educativo que repercutirán en los bolsillos de la masa social, quien, como en la mayoría de los casos absorbe las consecuencias de los errores de los tomadores de decisión.

En estas expresiones civiles existe una dualidad particular, la cual depende del objetivo que persiguen los grupos de presión que las convocan. Tomemos dos ejemplos.

En diversos países de Europa hemos visto manifestaciones civiles donde se reclama al gobierno por planear implementar planes de austeridad económica o como en el caso de Inglaterra buscan aumentar el costo de la matrícula escolar, donde hubo una intención positiva que no logró sobreponerse a la decisión del parlamento inglés, pero que sin duda contribuye al avance social.

El otro ejemplo de la dualidad bien puede ser México, donde los líderes de los grupos de presión intercambian favores, posiciones y recursos políticos y económicos a cambio de tranquilidad y estabilidad.

En estos desentendidos entre el gobierno y los grupos de precisión nos preguntamos dónde quedamos los ciudadanos comunes, quienes buscamos nuestro desarrollo integral independientemente de los movimientos políticos de la entidad, quienes queremos sumar al desarrollo económico; trabajar, avanzar día con día, pero nos vemos atrapados por una dinámica que, pese a sus principios y moral (en el caso de los movimientos que tienen un razonamiento justo) no buscan resolverse en los espacios institucionales, sino quieren llamar la atención de la ciudadanía y así utilizarla como una herramienta para alcanzar sus fines.

Sin embargo, el gobierno sabe que en este delgado margen en el que está operando (con la crisis económica que aún afecta los bolsillos de la población, la mala imagen de los políticos, la inseguridad y la impaciencia de los ciudadanos por ver resultados positivos) es necesario atender las manifestaciones y demandas civiles, algunas de ellas fundamentadas sobre la base de los principios más puros de una ciudadanía consciente y responsable, pero hay otras sustentadas en las ambiciones personales de líderes corrompidos sedientos de poder, que han sabido utilizar a una masa social desprotegida, desinformada e ignorante a favor de sus intereses.

Lo que es cierto es que todas las entidades políticas tienen problemas, es parte de la dinámica de la relación sociedad y gobierno. Sin embargo, lo importante para un Estado es que sus instituciones sean capaces de resolver estos problemas sobre la marcha sin afectar a terceros, buscando la satisfacción de las necesidades de los demandantes, bajo la particularidad de que todos por igual serán sometidos al Estado de Derecho.

Sin duda existen toda una serie de procedimientos y canales lógicos y racionales para resolver un problema de manera preventiva antes de llegar a un conflicto que afecte a terceros, por ejemplo si la demanda es por el reciclaje de políticos, se puede solventar el inconveniente citando a una comparecencia al gabinete del gobernador electo; si hace falta x cantidad de dinero, se puede acudir al representante local para que demande una auditoria a quien es sospechoso; si no se está de acuerdo con los manejos de alguna institución educativa se puede hacer una consulta estudiantil y buscar que se transparenten los procedimientos. En cualquiera de los casos se puede acudir a nuestros representantes populares, a los medios de comunicación, a organizaciones civiles y a otros grupos de apoyo.

Si se agotan estos canales y se hace el esfuerzo que involucran las acciones anteriores a sabiendas de que la causa es justa y existen documentos y argumentos sólidos que apoyan el reclamo, entonces sí tendremos todo el derecho para manifestarnos públicamente: cerrando calles, apropiándonos de espacios públicos, buscando el apoyo de la sociedad civil para la presionar al gobierno.

Si no se hace este esfuerzo y nuestra petición está vacía en argumentos morales y principios ciudadanos, entonces estaremos cometiendo un delito contra toda la población y tendremos que acatarnos a las consecuencias.