En la Constitución de 1991 encontramos la dignidad humana, la participación democrática, la descentralización, la función social de la propiedad, el derecho a la paz, los derechos de las víctimas y el deber de proteger la vida. El problema no es que falten principios en ella; el problema es que sobran incumplimientos en la realidad.
Cuando un Gobierno no logra persuadir al Congreso, debe deliberar mejor, construir mayorías legítimas, corregir sus proyectos o aceptar los límites propios de la democracia. Lo que no puede hacer es tratar cada contrapeso como una traición al pueblo. El pueblo no habla solamente cuando elige presidente. También habla cuando elige Congreso. También habla cuando vota no. También habla cuando se abstiene o vota en blanco. También habla cuando protesta. También habla cuando exige que se respete la Constitución incluso frente a quienes dicen actuar en su nombre.
En 2016 advertimos el riesgo de una paz de pupitrazo limpio. Hoy deberíamos advertir el riesgo de una paz de micrófono, de plaza, de decreto, de negociación opaca o de constituyente emocional. En estos casos el problema es el mismo: querer resolver por atajo lo que exige legitimidad, transparencia y paciencia democrática.
El nuevo momento político del país debería servir para algo más que repartir culpas. Cuando un gobierno sale tendrá que responder por las promesas que no cumplió y por los riesgos que dejó abiertos. El que llega tendrá que demostrar que la seguridad no será excusa para desconocer derechos, ni para desmontar lo poco que sí ha funcionado en materia de justicia transicional, víctimas y reincorporación. Y el Congreso tendrá que entender que la paz no puede seguir siendo una bandera electoral que se agita cada cuatro años y se abandona en los territorios al día siguiente de las elecciones.
Y allí está la gran frustración nacional: los puntos del acuerdo de paz se han ido disolviendo uno a uno, sin alcanzar su verdadera culminación. La Reforma Rural Integral prometió tierra, vías, crédito, productividad y Estado en el campo, pero terminó hundida entre trámites, lentitud institucional y abandono territorial. La participación política quiso abrir la democracia, pero no logró proteger a las comunidades que siguen votando bajo amenaza o guardando silencio por miedo. El fin del conflicto dejó una firma solemne, pero no impidió que otros grupos armados ocuparan los espacios vacíos y convirtieran la paz en una disputa reciclada por el control del territorio. La solución al problema de las drogas ilícitas se fue deshaciendo entre sustituciones incumplidas, economías ilegales fortalecidas y campesinos atrapados entre la pobreza y la criminalidad. Las víctimas fueron puestas en el centro del discurso, pero siguen esperando reparación, verdad completa y garantías reales de no repetición. Así, cada punto del Acuerdo parece haber caído en el mismo pozo sin fondo: el de un Estado que promete transformar la historia, pero no logra sostener en los territorios aquello que firma en el papel.
Colombia necesita menos épica y más Estado. Menos discursos fundacionales y más cumplimiento verificable. Menos anuncios históricos y más protección concreta. Menos constituyentes salvadoras y más respeto por la democracia que ya tenemos.
La paz no puede seguir dependiendo del temperamento del presidente de turno. Tampoco puede quedar atrapada entre quienes la romantizan y quienes la desprecian. Debe ser una política de Estado, sería, medible, territorial y sometida al control ciudadano.
Porque si algo nos enseñó el plebiscito de 2016, y si algo nos vuelve a enseñar el país de hoy, es que la voluntad popular no puede usarse solo cuando conviene. La democracia no es una escalera que se sube para llegar al poder y luego se patea cuando estorba.
Posdata: No se ve bien que en Colombia se hable tanto de paz desde los salones del poder, mientras en los territorios los campesinos, los líderes sociales, los firmantes, los niños y las víctimas siguen esperando lo mínimo: que el Estado llegue, que cumpla y que no los vuelva a dejar solos.
