El nuevo año trae retos para el legislativo. Así, el 2015 enfrentará de nuevo al Senado de la República con la pregunta de cómo lograr un juicio político efectivo en Colombia, o en otros términos, cómo acabar con la percepción de impunidad para los más altos cargos públicos en el país. Me refiero de nuevo, al Proyecto de Ley de Equilibrio de Poderes, que crea un nuevo mecanismo para investigar y acusar a altos dignatarios como el Presidente, el Fiscal y los Magistrados de las Altas Cortes.
El nuevo Tribunal de Aforados, busca resolver el estéril funcionamiento de la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes, que a la fecha tiene aproximadamente 1300 procesos activos y represados, contra funcionarios aforados desde la Constitución de 1991.
Esta herramienta de investigación de aforados, que hoy es tan solo una figura decorativa de la arquitectura institucional, no solo adolece de independencia y autonomía frente al poder ejecutivo, sino también, responde a un diseño en el que no hay controles claros para cumplir su función, ni educación democrática suficiente, que le permita al poder ciudadano exigirle cuentas a sus representantes e impedir que funcionarios públicos se aparten del interés general para el cumplimiento de sus funciones.
Es fundamental romper con esa incapacidad individual y colectiva de asumir responsabilidades políticas sobre los propios actos, y más aun, de utilizar el servicio público como un mecanismo de beneficio personal, ganancias privadas o fuente de cualquier tipo de corrupción.
Por eso, es preciso lograr que los altos funcionarios de este país respondan políticamente por sus propias acciones, pues aunque en algunos casos no constituyan delitos, si afectan sustancialmente la dignidad de sus cargos.
Está muy lejos la realidad nacional de lo que debería ser, pero en este nuevo año creo firmemente que podemos cambiar prácticas corruptas.
Por eso, defenderemos el diseño de un juicio político que configure un verdadero reproche social a conductas abusivas, que genere independencia dentro del legislativo frente a intromisiones indebidas del ejecutivo, y que garantice el cumplimiento del papel de juez político que tiene el Congreso de la República, sin debilitamientos ni presiones.
