Hoy todo el panorama jurídico del país se encuentra en vilo gracias al paro judicial que completa más de 50 días sin pronta solución a la vista.
Las reclamaciones de Asonal no son pocas y todas tienen una historia de largo aliento que demuestra que el Estado es un mal empleador. Si tenemos buena memoria recordaremos que el flamante segundo mandato del gobierno Uribe tuvo que afrontar dos paros judiciales.
El primero de estos tuvo lugar en el 2008, cuando Asonal comenzó a exigir la nivelación salarial para los funcionarios judiciales.
El paro fue levantado luego de 43 días gracias a un Plan de Conversaciones donde gobierno y sindicato iniciaron acercamientos para generar confianza y llegar a futuros acuerdos.
Pues tal propósito no se hizo real.Un año después Asonal se encontraba protagonizando una nutrida movilización y todo por el fracaso en los intentos de nivelación de salarios como máxima exigencia de tal movimiento sindical.
La típica solución Uribista fue declarar el famoso Estado de Conmoción Interior, que no es otra cosa como que el papá llega a la casa donde no hay comida, y en vez de llevar alimentos para quitar la hambruna, lo que hace es pegarle a todo el mundo excusado en mantener el orden.
De suerte que esta fórmula no le funcionó al gobierno y este paro se levantó bajo la buena fe de un estudio de hacienda que daba viabilidad a la nivelación de salarios.
Hasta aquí las aguas turbias estuvieron mansas por un buen tiempo. Pero la olla de presión comenzó a chitar en el 2012 y explotó no solo por el incumplimiento de las ya dos veces negociada nivelación salarial, sino por el bajo presupuesto de la rama.
Lo demás ya lo sabemos: el gobierno amenazando con despidos masivos, Asonal movilizando al 97% de los despachos judiciales del país y luego un acuerdo de papel para limar asperezas.
Y es en estos tibios acuerdos de papel donde el Estado demuestra lo mal empleador que es, no es posible que se negocie con los sindicatos cuando ya han causado traumatismos a la actividad judicial y no se prevenga el descontento de estos.
Si el gobierno nacional sigue hablando de equidad, paz y educación pero no genera el gasto necesario para que los colombianos disfrutemos de un servicio de justicia eficiente y transparente, demuestra total incoherencia entre los dichos y los hechos aunque esto en política es común.
Para nadie es un secreto que en los procesos judiciales la rapidez es un apreciado milagro, y que el efecto tortuga del que es víctima la justicia criolla es gracias a los bajos salarios, la falta de presupuesto, la congestión de procesos y el chiste de infraestructura.
A propósito de esto, ¿no les ha pasado que al llegar a un despacho tengan la sensación de estar en un bodegón de reciclaje de papel? solo en ese ejemplo vemos visible el abandono en plata que sufre esta rama del poder.
Del 2008 hasta la fecha los funcionarios que imparten justicia en el país se han visto abocados a salir a las calles, a sindicalizarse y detener sus actividades en más de cuatro ocasiones.
Tal situación es porque durante más de 20 años se han acumulado derechos laborales que no les han sido reconocidos por quien se supone el mejor patrono: el Estado.
Es momento de que asumamos que Colombia es un país de grandes descontentos. Hoy son los funcionarios de la rama, mañana pueden ser los estudiantes y en el futuro alguno de nosotros.
Esto debe motivar solidarizarnos para que la justicia tenga por parte del Estado un justo trato en sus evidentes necesidades.
Ñapita: Chespirito fue un genio del arte audiovisual, deberíamos abogar por redes la creación de un Nobel de la Risa.
