Expresarse libremente en internet tiene implicaciones que van desde respetar la opinión ajena como gesto de tolerancia informática, hasta bloquear contenidos que promuevan el menoscabo de libertades reconocidas en la web. Esto supone, como todo ejercicio de derechos, la imposición de límites para maniobrar como usuario en la web.
En la actualidad vivimos en una sociedad donde el flujo informativo se ha masificado por cuenta del uso de internet, tanto es así que muchos periódicos tradicionalmente impresos han optado por poner en marcha ediciones virtuales de noticias. De igual modo el internet se ha convertido en el opinómetro de los ciudadanos acerca de temas pertenecientes a la esfera de lo político, puesto que no es en la plaza sino en la casa donde se ventilan las inconformidades.
Por cuenta de esto es que gobiernos como el de Recep Tayyip en Turquía, Xi Jinping en China y Vladimir Putin en Rusia han tomado medidas restrictivas para contrarrestar opiniones de usuarios de redes sociales. El costo que esta práctica ha tenido es sumamente caro si de derechos humanos se trata, puesto que la censura de contenidos, la vigilancia en direcciones IP de periodistas y las medidas carcelarias son el acto predominante en aquellas lejanas latitudes.
En Colombia recordaremos que similares prácticas de censura fueron sugeridas por el Defensor del Pueblo a la Corte Suprema de Justicia con ocasión de las infortunadas declaraciones que una parlamentaria del Uribismo hizo en contra de una víctima de visita en La Habana. Y fue esta misma Corte que hace poco menos de tres meses condenó por injuria a un hombre que realizó un comentario desmedido en la página web del periódico El País de Cali.
Si volteamos la mirada hacía nuestro continente, el panorama en México promueve alzas en las tarifas de internet e ingresos sin orden judicial a las IP de sus ciudadanos con la resistida #LeyTelecom que impulsa Enrique Peña Nieto. Situación contraria a la de los brasileños, los cuales aprobaron un Marco Civil de Internet que mitiga la discriminación de acceso a la web con un fuerte componente de pedagogía virtual.
Es en estos ejemplos cercanos donde debemos identificar luces y sombras alrededor de la idea de un internet libremente responsable. Es inaceptable imaginarnos una regulación que al mejor estilo mexicano desconozca el talante democrático del acceso a la web, a la vez que promueve interceptaciones sin legitimidad sustentada.
Brasil es un buen ejemplo a replicar en Colombia, donde al apostarle a la diversificación del uso de internet con zonas WiFi y la creación de una apuesta pedagógica para la utilización de la web promovería sanas prácticas virtuales en el país.
Los casos citados invitan a identificar un mapeo de aquellos derechos que se encuentran en juego con el uso del internet, si el de los gobiernos por librarse de las molestias de opinión que desde allí se genera, versus el de los ciudadanos que expresamos con libertad las ideas de país que tenemos.
El hecho de que una representante del Centro Democrático haya celebrado la muerte de nuestro Nobel de literatura, o que sarcásticamente hiciese calificativos a víctimas de visita en La Habana, demuestra que hay malas prácticas políticas en la red que nos causan daño. Pero tal libertinaje web no puede ser excusa para regular censura a las libres opiniones de todo ciudadano, al contrario, debe ser muestra de lo que no se debe hacer en la web: como chuzar en elecciones presidenciales.
En todo caso lamento que el Congreso se encuentre en mora de legislar sobre varios derechos individuales. La Libertad de Expresión en Internet es uno de ellos, pero mientras el tema logra calar en las preocupaciones del legislativo nos corresponde opinar auto regulando nuestras publicaciones sin que ello nos lleve a la autocensura.
