Después del escándalo de las "chuza-DAS" en el 2009, la Revista Semana volvió a hablar de interceptaciones ilegales a funcionarios públicos.
Se trata de la existencia de una "oficina fachada" de inteligencia del Ejército Nacional, dedicada a interceptar las comunicaciones de los representantes del Gobierno Nacional en el proceso de paz, de personas relacionadas con organizaciones no gubernamentales, opositores y de otros ciudadanos.
Las reacciones que ha despertado esta investigación, tienden a los extremos: o se habla de operaciones de inteligencia como actividades de persecución que limitan los derechos fundamentales, o el tema se presenta como un simple desvío de funciones propias de los militares. Al hablar de operaciones de inteligencia y contrainteligencia, debemos ser mesurados.
Estas operaciones son útiles para la salvaguarda de la seguridad del Estado y de sus ciudadanos; sin embargo, incluso cuando ocurren en el marco de la ley y son legítimas, entrañan riesgos a las libertades individuales.
Por esta razón, el control y supervisión por parte de civiles y la rendición de cuentas se convierten en piezas fundamentales para evitar que estas amenazas se materialicen.
Con esta idea en la cabeza y respondiendo a la incertidumbre generada en la opinión pública por las interceptaciones del DAS en el 2009, se tomaron varias decisiones para cambiar las prácticas de espionaje ilegal vinculadas al Gobierno Nacional: Se liquidó el DAS, se creó un nueva agencia de inteligencia, se pensó en modernizar la inteligencia civil a través de la profesionalización de su planta de personal, se creó un estricto sistema de control de actividades y finalmente, se profirió una nueva ley de inteligencia de la cual fui coautor y ponente. Sin embargo, aunque los cambios requieren tiempo, también necesitan actitud; la ley no es mágica y por sí sola no provoca cambios en prácticas tradicionales.
Así, preocupa que la nueva agencia que fue pensada como una institución civil, terminó dirigida por un excomandante de la Armada nacional, que exfuncionarios del DAS estén vinculados a su planta de personal, que el sistema de control y supervisión definido legalmente, aún no haya entrado a operar y por último, que esté en suspenso el Plan Nacional de Inteligencia que contiene las prioridades establecidas por el Presidente de la República a la comunidad de inteligencia.
Esta coyuntura se convierte en una oportunidad de realizar un balance sobre la ley. Confieso que creíamos que una nueva institución, con nuevo personal y una nueva legislación, permitiría superar los escándalos del pasado. Sin embargo, seguimos preguntando si hay plan de inteligencia, planificación de operaciones, control de funcionarios. En fin, será que dimos una vuelta de 360 grados?