Lo serios problemas sobre la construcción en Colombia, hoy finalmente saliendo a la luz, son una muestra más de que lo que falta en el país es Estado. Es evidente que sin un Estado que regule y vigile el mercado --después de sentar reglas claras--los individuos quedan muy desprotegidos. Pero si además, el mercado se mezcla con el poder del Estado en la construcción de soluciones de vivienda, el resultado es catastrófico para los damnificados.
Por fortuna, el nuevo Ministro de Vivienda ha salido a fortalecer la posibilidad de que el Estado --y el Gobierno en particular-- entre a vigilar más de cerca el comportamiento tanto de firmas constructoras como de los responsables de aprobar licencias de construcción en los municipios, de manera que cumplan con su indelegable responsabilidad de velar por el bien de los ciudadanos. Para nadie es un secreto que los habitantes del Barrio Campo Alegre de Barranquilla han sido seriamente afectados por los problemas en las viviendas que compraron, y que ahora, con la tragedia de Medellín, su desgracia ha vuelto a salir a flote y sus voces luchan con la esperanza de encontrar soluciones a su situación. Parte de sus afectados han afirmado públicamente --en medios de comunicación nacionales--, que la firma de Alex Char estaba involucrada en esas construcciones. Por ello, muchos columnistas recibimos innumerables súplicas de las víctimas para que los ayudemos a divulgar la falta de soluciones reales.
Hace pocos días, en respuesta a un reciente artículo sobre este tema, la representante legal de la firma Alejandro Char & Cía Constructores, S.A., hoy, ACH Constructores S.A., me pide reiteradamente que me reúna con ellos para que, "aportándole (sic) evidencias documentales… proceda a efectuar las correcciones periodísticas que ameritan su [mi] carencia de ilustración." En mi opinión, con quién tienen que reunirse de inmediato es con los afectados que siguen expresado su inconformismo a través de e-mails y tweets, con fotos incluidas. Es a ellos a quién tienen que explicarle nada menos, que, como dicen en la carta dirigida a mí, lo que les sucedió fue una Calamidad Pública "originada en un suceso de fuerza mayor que tuvo génesis en el fenómeno climatológico conocido con el nombre de la niña." Y es a ellos, los dolientes directos, a quienes deben explicarles que, "En relación con el conjunto residencial Altos del campo, enfáticamente le expresamos que su no habitabilidad deriva de circunstancias exógenas a esta sociedad. Así se encuentra confesado (resaltado de ellos) por la abogada de 75 personas propietarias de igual número de apartamentos ante la Procuraduría General de la Nación, al punto que el Distrito de Barranquilla desde finales del año 2010 viene asumiendo en forma directa y cumplida sendos auxilios de arrendamiento." Agrega la representante legal que, "Todas las querellas judiciales promovidas en su contra por distintas personas han sido resueltas favorablemente a esta parte por nuestras autoridades al constatar, mediante un arsenal probatorio legalmente recaudado, que las estructuras y pilotajes cumplieron rigurosamente con los cánones de ingeniería y arquitectura."
Que quede claro: mientras la constructora no invite a las víctimas a esta reunión, mientras no queden debidamente aclaradas y resueltas todas sus quejas, pero sobre todo, mientras yo no deje de recibir emails probatorios de los afectados con fotos anexas, lo que la representante legal de la firma anotada asegura en sus mensajes no le dan pie para solicitarme que corrija "mi carencia de ilustración" porque cuando el rio suena…