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Minería: Agua y medio ambiente no son negociables

Columnas de Opinión
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Escrito por:

Juan Galán Pachón

Juan Galán Pachón

Columna: Opinión

e-mail: prensa@juanmanuelgalan.com



El municipio de Piedras (Tolima) habló y dijo que no quería minería en su territorio. Efectivamente a través de una consulta popular, casi el 52% de la población total del municipio dijo "NO" al megaproyecto de extracción de oro de la empresa Anglo Gold Ashanti.

Este caso, vuelve a poner sobre la mesa la importancia de tener una política pública minera en Colombia. La comunidad de Piedras lo ha convertido en un tema de urgente solución. Si partimos del supuesto que el Estado, en todas sus decisiones, busca el bienestar de sus habitantes, lo primero que se debe discutir es qué quiere el Estado de la minería.

Quiere aumentar sus rentas para reinvertirlas en los colombianos? O quiere más bien, enfocarse en aumentar la competitividad de los sectores que dependen de la minería? Las respuestas a estas preguntas, van a determinar en gran medida la política minera sostenible que deba adoptar nuestro país.

Si al Estado le interesa la primera opción, es decir, aumentar sus ingresos, debemos pensar entonces hacia donde dirigimos esos nuevos recursos, cual es la mejor tasa para calcular las regalías, cuál debe ser su destinación y cómo va a ser la participación de los entes territoriales en la administración de regalías e impuestos; en otras palabras, fijar una adecuada política impositiva para grabar a las empresas del sector.

De otra parte, si lo que se busca es la promoción de industrias que dependen de la minería como la de construcción de campamentos mineros, la de administración alimentaria y de servicios de salud, la de construcción de infraestructura minera, entre otras, será fundamental fijar una política social de fomento empresarial.

Estas, son algunas preguntas que necesitamos responder. La política debe ser nacional y pública, de eso no cabe duda, sin embargo, es necesario abrir puentes de comunicación con lo local para el diseño de esa política pública, que no debe reducirse únicamente a si hay o no minería, sino también, hacia donde van los beneficios y quién asume los costos de la explotación.

La relación costo-beneficio en la minería se debe sopesar para las futuras generaciones no solo para las actuales. Sin duda el agua y el medio ambiente no son negociables para esas próximas generaciones.