Germán Jiménez de la redacción judicial de El Tiempo recién publicó un informe en el que señala que entre treinta mil condenados le deben a la Nación algo así como el equivalente a quince veces lo que vale el presupuesto del sistema de justicia y sí esto fuera efectivamente recaudable ni necesidad habría de reformas tributarias, de esas que exoneran a los pudientes y que, para compensar, aprietan por ahí derecho a las clases medias.
Otro caso patético es el de un Óscar Cuevas, de profesión lavador de activos a la vez que testaferro de las Farc, cuya deuda asciende a la fecha a 50.487 millones de pesos. Se podría decir entonces, que lo debido entre estos dos sujetos equivaldría a dos Balotos bien gordos, siguiendo en la lista de mayor a menor Maritza Torres de la 'pirámide' Online Work, con otra que va por los 31.000 millones de pesos, por capital e intereses.
Relucen en el listado con luz propia dos raros personajes, el ex senador Juan Carlos Martínez y el ex representante Teodolindo Avendaño, el de la 'yidis política'. De suerte que entre todos estos y muchos más, deben la friolera de 24 billones de pesos. Como solemos decir los abogados, todas esas sentencias se van a quedar para enmarcar, en cuanto hace con la incapacidad del Estado y de sus funcionarios para recaudar aquellos conceptos dinerarios, presumiendo que en muchos casos hubo alzamiento de bienes, compraventas ficticias, fuga de capitales, testaferrato, etcétera y etcétera.
Para que vean ustedes que por la propia iniciativa del Estado, del gobierno y los legisladores, se termina haciendo el ridículo con la proliferación de normas punitivas pecuniarias que, de tenerse cinco dedos de frente, deberían intuirse como incobrables. Los delincuentes pagan las penas, duras o blandas, y les importa una higa la muerte civil que comporta el impago de las sanciones monetarias, por los siglos de los siglos, amén.
Para las personas honradas, a las verdaderamente inocentes, la libertad es el bien más preciado. A los criminales lo que les importa no es eso, sino la conservación de la riqueza material puesta a buen recaudo. Entonces, preferible penas privativas de la libertad duras, bien duras, ya que las multas en Colombia lejos de comportar castigo efectivo son una chanza, una chirigota.
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