Colombia firmó tratados de libre comercio con la promesa de ampliar mercados y fortalecer su aparato productivo. Más de una década después, el balance en el sector lechero dista de ese discurso. Lo que se presentó como oportunidad terminó evidenciando las debilidades estructurales del país.
Con la “Apertura total” de Gaviria, a pesar de la gradualidad prometida, el problema no fue abrir la economía: fue hacerlo sin preparación. Colombia decidió competir sin haber resuelto sus costos logísticos, sin modernizar su aparato productivo y sin cerrar brechas internas. Esa decisión hoy pasa factura.
De acuerdo con la Encuesta Nacional Logística del Departamento Nacional de Planeación, los costos logísticos en Colombia se ubican alrededor del 14% al 15,6%, muy por encima de los niveles de la OCDE, cercanos al 8%, y del promedio mundial estimado por el Banco Mundial entre el 11% y el 13%. Esa diferencia se traduce en menor competitividad y termina afectando directamente al productor.
En el sector lechero, el impacto es evidente. Datos recientes de la Dian muestran que las importaciones de leche en polvo y derivados continúan en niveles elevados desde la implementación del acuerdo con la Unión Europea, presionando el precio interno de la leche.
El productor nacional enfrenta una ecuación compleja: costos altos, baja tecnificación en muchas regiones y competencia con economías altamente subsidiadas. Mientras en otros países el agro recibe apoyo estatal, aquí se abrió el mercado sin condiciones equivalentes.
Más del 80% de los productores agropecuarios son pequeños y medianos, según el Ministerio de Agricultura. Es decir, son quienes menos capacidad tienen para resistir choques externos y, sin embargo, son los más expuestos.
A esto se suma una logística costosa y una localización productiva ineficiente que sigue encareciendo el transporte hacia los puertos. Ese sobrecosto termina reflejándose en el precio final y limita la capacidad exportadora.
El resultado es una balanza comercial con tendencia deficitaria, reflejando una economía que importa más de lo que exporta en bienes con valor agregado. No es un problema coyuntural, es estructural.
Se ha argumentado que los productores no se prepararon. Esa explicación es insuficiente. No se puede exigir competitividad cuando no existen condiciones reales para alcanzarla. Competir no es solo voluntad; es capacidad instalada. En el sector lechero la realidad es otra: precios contenidos, márgenes al límite y una actividad que cada vez se vuelve más difícil de sostener.
Cada vez se vuelve menos viable producir en condiciones sostenibles. Y esto tiene consecuencias más allá de lo económico. Un país que debilita su producción rural compromete su seguridad alimentaria y profundiza las desigualdades territoriales. Es un riesgo que no se puede minimizar.
La discusión no es desmontar los tratados. Es corregir lo que no se hizo bien: mejorar infraestructura, reducir costos logísticos, facilitar acceso a tecnología y fortalecer al productor nacional. También se requiere una política clara que entienda que no todos los sectores pueden competir en las mismas condiciones. La apertura debe ser estratégica, no automática. Por ahora, queda la expectativa de que el nuevo gobierno cumpla, sin demora, el compromiso adquirido en aquel corral ganadero.
