Colombia tiene una vieja costumbre: improvisar donde debe planificar. Cada gobierno anuncia reformas, megaproyectos y transformaciones estructurales, pero buena parte de esas iniciativas termina atrapada entre estudios incompletos, cambios de criterio y decisiones tomadas al ritmo de la coyuntura política. El problema no es nuevo. Lo grave es que el país parece haberse acostumbrado a convivir con él.
Desde hace décadas, la repentización ha marcado decisiones públicas de enorme impacto. Basta recordar proyectos de infraestructura convertidos en elefantes blancos: hospitales, sistemas de transporte diseñados sin proyección suficiente o reformas tributarias expedidas para resolver urgencias fiscales inmediatas y no problemas estructurales. Cada administración promete planificación; la realidad termina mostrando ejecución fragmentada y ausencia de continuidad.
Paradójicamente, el país sí cuenta con herramientas legales para evitar ese desorden. La Ley 152 de 1994 estableció el sistema de planificación y los planes de desarrollo como instrumentos obligatorios de orientación estatal. A su vez, la Ley 80 de 1993 fijó principios de transparencia, responsabilidad y planeación en la contratación pública. Incluso la Ley 2020 de 2020 creó el Registro Nacional de Obras Inconclusas para enfrentar el problema de proyectos abandonados.
El inconveniente, entonces, no es la ausencia de normas. Es la falta de disciplina institucional para cumplirlas. La planeación dejó de verse como obligación técnica y terminó convertida, muchas veces, en simple requisito formal para justificar decisiones previamente tomadas.
Hoy el panorama sigue mostrando señales preocupantes. El país discute una transición energética sin una hoja de ruta completamente definida; grandes proyectos férreos y portuarios permanecen en anuncios; reformas estructurales avanzan sin consensos sólidos; y múltiples obras regionales continúan suspendidas entre ajustes presupuestales, litigios y cambios administrativos. Colombia parece diseñar proyectos sobre el aire y corregirlos en plena ejecución.
Esa lógica tiene costos enormes. La improvisación encarece contratos, debilita la confianza inversionista y deteriora la credibilidad institucional. También golpea directamente a las regiones, donde muchas veces las obras inconclusas terminan convertidas en símbolos permanentes del incumplimiento estatal. Lo provisional se vuelve definitivo y el atraso termina normalizado.
El problema de fondo no es técnico, sino cultural y político. En Colombia se gobierna demasiado pensando en el titular inmediato y muy poco en procesos de largo plazo. Cada gobierno quiere dejar su propia marca, aunque eso implique desmontar lo que venía funcionando o rediseñar proyectos ya iniciados. Así se pierde tiempo, dinero y confianza pública. Hay más imaginación que técnicas de planeación.
El país no necesita más anuncios grandilocuentes ni planes redactados para discursos oficiales. Necesita instituciones capaces de mantener políticas serias más allá de los tiempos electorales. Porque mientras la improvisación siga ocupando el lugar de la planeación, el país continuará repitiendo la misma historia: obras sin terminar, reformas incompletas y oportunidades que se quedan en anuncios. Y la gente, por supuesto, termina convencida de que el Estado no es capaz de cumplir lo que anuncia.
